POSADAS. La grave crisis que está afectando a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de tratamientos y servicios a la discapacidad, suscitada por la cesación de pagos y el fenomenal ajuste instrumentado por el Ministro de Economía Sergio Massa, con el aval del Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidente Cristina Kirchner, fue analizada en profundidad por el abogado especialista en discapacidad, Pedro Dávalos, quien dialogó con el Noticiero de MisionesCuatro al respecto de la brutal poda de recursos y las maniobras para quedarse con el Fondo Solidario de Redistribución, un mecanismo de financiamiento que recauda unos 13 mil millones de pesos mensuales, de los que destina unos 9 o 10 mil millones a las prestaciones por discapacidad y por enfermedades crónicas.

“Las prestaciones para la discapacidad de los afiliados a las obras sociales se financian con el Fondo Solidario de Redistribución”, comentó Dávalos, quien reveló que del 8% que aportan trabajadores y patronales para cobertura médica, “el 15% se lo envía a la Superintendencia de Servicios de Salud”.

En esta línea, Dávalos reiteró que con el “15% de todos los aportes y contribuciones de los trabajadores” que conforman el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) “se pagan los salarios de la Superintendencia, se nivelan algunas obras sociales con poca recaudación y se pagan las prestaciones que tienen bajo impacto y alto costo, y las prestaciones por discapacidad”, comentó.

De acuerdo con el abogado, “en este momento, se recaudan alrededor de 13 mil millones de pesos por mes, de los cuales 9 o 10 mil millones se gasta en las prestaciones”.

Adelantos por 2 mil millones a las obras sociales, para destinarlos a lo que les parezca

Sin embargo, “en este tiempo, la Superintendencia adelantó dinero para otros gastos que nada tienen que ver con la discapacidad a las obras sociales. Hay 23 resoluciones desde 2020, con el pretexto de la pandemia (del coronavirus) Pero la última fue en Febrero de este año, donde se distribuyeron 2 mil millones de pesos, entre 245 obras sociales. A razón de unos 8 millones de pesos en promedio, por cada obra social”, reveló.

No obstante, “algunas obras sociales recibieron más. Así Osecac que está en convocatoria de acreedores, recibió 236 millones de pesos. La obras social de los empresarios Osde, recibió más de 100 millones de pesos. Y la de Uatre, muy ligada al macrismo, recibió 85 millones de pesos. La Unión Personal, de Andrés Rodríguez, vicepresidente del PJ de CABA recibió 80 millones de pesos. Diez veces más que el promedio”, describió el abogado, aclarando que “recibieron ese dinero para gastarlo en lo que les parezca”.

Lo único que les impusieron fue “rendirlo al 31 de diciembre de este año”, agregó.

“O sea que las obras sociales tienen dinero del Fondo Solidario de Redistribución. Pero la Superintendencia paga, automáticamente, por un mecanismo de integración, tarde y mal, las prestaciones de discapacidad, con el resto del dinero. Sin embargo, como adelantó el dinero a las obras sociales, se quedó sin fondos. Entonces, ahí aparecen los pretextos, sobre que hay ‘problemas administrativos’. La realidad es que adelantaron los pagos con otro destino. Se quedaron sin recursos y en este momento, están tratando de tapar esos agujeros a través de otras fuentes de financiamiento de la AFIP”, explicó Dávalos.

Los prestadores dejaron de cobrar en Junio y volverían a cobrar en Septiembre, con una inflación de 20 puntos en 90 días

En esta línea, el abogado consideró que esta es una “situación transitoria”, pero “hay que advertir que allí no hay grieta: la plata la recibieron los peronistas, los amarillos, los empresarios… más de 100 millones a la obra social de los empresarios (Osde). Es una locura. ¿Cómo no va a faltar la plata?”, fustigó.

“Las obras sociales tienen ese dinero, pero lo han ido gastando, son 240. Pero el mecanismo de pago es automático, por el cual la Superintendencia deposita en una cuenta específica y de esa plata, lo único que puede hacer es pagar al prestador”, detalló Dávalos, que llamó la atención sobre las dilaciones en los pagos, que explican parte del conflicto: la cesación de pagos.

Así pues, “las prestaciones que tuvieron lugar en Mayo, cuyas facturas se presentaron en Junio, y en Agosto, no hay plata. Les dicen tenemos un inconveniente técnico que vamos a superar. ¿Cuándo? Ahora en Septiembre, cuando van a entrar (los aportes de los asalariados) de este mes. Esto es lo coyuntural, es una forma de bicicletear”, planteó Dávalos, quien insistió en que nadie puede sobrevivir si no le pagan un mes. “En Julio tenían que cobrar los aranceles de Mayo. Y cuando uno viene con estos atrasos en un país con esta situación inflacionaria, es desesperante para los prestadores”, argumentó.

El traspaso de las prestaciones a la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad que pretenden los gremios y el gobierno

No obstante, más allá de la coyuntura de esta crisis con la discapacidad, “la cuestión de fondo es mucho más importante. Los Gordos (gremios de la CGT) se reunieron con el Ministro de Economía Sergio Massa, para plantearle que querían la plata de las obras sociales. Entonces lo que se viene trabajando desde el año pasado es este decreto por el cual, en lugar de pagar las prestaciones de discapacidad con el dinero que aportan los trabajadores y los empleadores, se pretende pagarlo con fondos del Tesoro Nacional”, acotó.

“Entonces algo que tiene un financiamiento genuino, que no es plata del Estado, sino de los trabajadores, destinada a la salud de los trabajadores, pretenden que de esos gastos se haga cargo el Estado nacional. Y toda esa plata (10 mil millones de pesos mensuales) quede disponible para repartirse entre las obras sociales, conforme a la influencia de cada una”, reveló Dávalos, sobre el meollo del conflicto en ciernes.

“Ese es el estado actual y por eso nos oponemos a esa modificación porque sabemos los problemas que hay cuando se da ese tipo de financiamiento del Estado. Incluir Salud, la obra social de las personas que tienen Pensiones No Contributivas (PNC), es un castigo. En este momento, para 245 mil afiliados en provincia de Buenos Aires, hay una sola farmacia en La Plata. Entonces la persona que está en Bahía Blanca y necesita un medicamento, tiene que hacer ese peregrinaje. Y les dicen, lo que no se entrega por Incluir Salud, se entrega por los hospitales. Excepto los medicamentos oncológicos y los psiquiátricos. Se lo dicen como si fueran aspirinas”, denunció Dávalos, ilustrando el funcionamiento catastrófico de esta obra social, un sistema que el gobierno y los gremios querrían universalizar.

En consecuencia, “el financiamiento por el Tesoro es poner en peligro toda la financiación (para la discapacidad) de obras sociales”, sentenció.

La Superintendencia de Salud ya tenía previsto cortar 100 mil prestaciones y que no dependan del Fondo Solidario

De acuerdo con Dávalos, “no está cortado el diálogo” con el gobierno, pero “el problema es que una cosa son las palabras, y otra los hechos. Si ud. toma el Presupuesto 2021, la Superintendencia tenía 150 mil prestaciones de este tipo, para personas con discapacidad. El presupuesto del 2022, rechazado por la oposición por otros motivos, tenía sólo 50 mil prestaciones. La Superintendencia ya tenía previsto dejar de financiar 100 mil, que iban a pasar a ser financiadas por la Agencia Nacional de Discapacidad si se aprobaba este decreto y toda la plata del Fondo Solidario le quedaba a los gremios. Ahora hay 150 mil personas de las que 100 mil quedaron en el aire. Se está tapando agujeros para evitar que el sistema colapse, pero mientras tanto la gente se queda sin cobrar”, sentenció.

“Hoy les están rechazando a los chicos (con discapacidad) porque no hay maestros para hacer el apoyo. Nadie puede trabajar cobrando eso, 3 meses después y con la sorpresa que les dejan de pagar por un problema de caja”, disparó el abogado, recordando que los prestadores sufrieron un recorte del 50% entre 2015 y 2019.

Para quienes quieran comunicarse con la Confederación de jubilados, pensionados y adultos mayores del país, pueden hacerlo al 1137620347. “Hacemos asesoramientos, evacuamos consultas, hacemos patrocinio, porque la realidad es que se ha agravado mucho lo que ya venía con carencias en las prestaciones a personas con discapacidad”, concluyó.