BUENOS AIRES. Luego de dos años de tensas negociaciones, en un contexto de extrema volatilidad política y casi sin reservas de dólares en en Banco Central, el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron que llegaron a un acuerdo técnico para refinanciar el crédito de 45.000 millones de dólares que tomó la administración del ex presidente Mauricio Macri. Se trata de un avance que cierra la negociación de la deuda externa de la Argentina y, de concretarse, evitaría que el país entre en Default.
Según informó La Nación, el tramo final de las tratativas estuvo encabezado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán. E incluyó un contacto directo el martes con la directora del Fondo, Kristalina Georgieva.
En consecuencia, el acuerdo será enviado este jueves al Congreso de la Nación y empezará a ser tratado el próximo lunes. Se esperan fuertes contrapuntos entre las distintas facciones del Frente de Todos y también con la oposición de Juntos por el Cambio. Una vez que el acuerdo sea ratificado por el parlamento, deberá ser aprobado por el board del Fondo, controlado por las potencias del G7.
El dinero que llegue desde el FMI destinado a pagar los vencimientos del acuerdo del 2018
En tanto, el monto del acuerdo de unos US$ 45.000 millones, implica que el Fondo devolverá desembolsos que hizo el Gobierno, incluidas las partidas que el FMI distribuyó por la pandemia del coronavirus.
El Gobierno acordó refinanciar la deuda que tomó Macri con un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) a diez años, con un período de gracia que cuatro y años y medio hasta 2026. Durante ese periodo “de gracia”, el país no deberá hacer pagos netos al FMI. Sin embargo, el dinero que llegue de Washington se utilizará para pagar los vencimientos previstos en el acuerdo que firmó Macri en 2018.
De acuerdo con la comunicación oficial, el Gobierno se comprometió a mantener un aumento “moderado” del gasto en términos reales. Además, se comprometiuó a una reducción gradual del déficit fiscal y la emisión monetaria. Asimismo, hay un compromiso para tener tarifas “razonables”. Finalmente, el comunicado niega una reforma jubilatoria.
La reducción del déficit fiscal y la confirmación del FMI
En el acuerdo, se ratificó el sendero de reducción del déficit fiscal primario que el ministro de Economía anunciara semanas atrás.
Por su parte, el Fondo afirmó que se logró un programa “pragmático y realista”, y dijo que el programa busca una mejora “creíble” de las finanzas públicas.
“El Gobierno argentino cerró el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional y se enviará el proyecto de ley al Congreso”, ratificó un comunicado del Palacio de Hacienda. Luego el propio organismo que conduce Kristalina Georgieva confirmó el cierre en un comunicado propio.
“El staff del FMI y las autoridades han llegado a un acuerdo sobre un programa pragmático y realista, con políticas económicas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar los desafíos profundamente arraigados de Argentina para el crecimiento sostenible”, dijo el jefe de misión para la Argentina del Fondo, Luis Cubeddu.
Comunicado oficial sobre el… by Télam
Algunos ítems del acuerdo pactado con el FMI
De acuerdo con Télam, el entendimiento será elevado al Congreso e incluirá como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico, precisó en un comunicado el Palacio de Hacienda.
La iniciativa lleva como título “Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional” e ingresará al Congreso de la Nación en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública -impulsada por el Gobierno Nacional- que establece que, entre otras, que todo programa realizado con el organismo multilateral requerirá de una Ley del Parlamento que lo apruebe expresamente.
Este nuevo programa viene a reemplazar “el fallido programa Stand By acordado en 2018, por un nuevo programa de Facilidades Extendidas”, agregó el comunicado.
El Palacio de Hacienda sostuvo que “el nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”.
Habrá 10 revisiones trimestrales hasta 2024
“El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034”, detalló la cartera que conduce Martín Guzmán.
El acuerdo alcanzado contempla “la importancia de alcanzar un programa acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique una inhibición en la recuperación económica”, precisaron desde la cartera económica.
“En este sentido, hay coincidencia en que la inflación es un fenómeno multicausal -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral. La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas”, señalaron.
A lo que agregaron que “el programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas”.
“El acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional”
“Al mismo tiempo, se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. También este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales”, recalcaron desde el Palacio de Hacienda.
También remarcaron que “el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional”.
“Por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609”, añadieron y ratificaron la decisión de “lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso”, revisiones que “abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales”.
Plan energético acordado con el FMI
Además, el Gobierno nacional desarrollará un “plan energético de mediano plazo” que incluirá un conjunto de medidas vinculadas a incentivar la inversión pública y privada en infraestructura, incrementar la oferta de distintas fuentes de generación, mejorar la eficiencia del consumo e iniciar un sendero para que las tarifas reflejen de manera predecible los costos mayoristas de gas y electricidad, tal como está contemplado en el acuerdo anunciado por el Gobierno con el FMI y que también prevé un esquema tarifario de los servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023, que incluirá la política de segmentación y no superará el nivel de los salarios.
Como parte de las nuevas definiciones, el Ministerio de Economía anunció que “se desarrollará un plan energético de mediano plazo” que incluirá en primera instancia acciones tendientes a incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable.
