BUENOS AIRES. Este lunes, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro (22) admitió ante la Justicia que se encargó de hackear al ex ministro de Seguridad de la Ciudad Marcelo D’Alessandro, junto a otros objetivos, entre los que aparecen funcionarios del PRO y jueces y camaristas federales. El hacker se presentó junto a su abogado defensor ante la fiscalía que investiga la causa.
Según publicó Infobae, Nuñes Pinheiro aseguró que las personas que lo contrataron le pagaron “15 mil pesos por cada objetivo” y que el pago se concretó mediante cripto monedas. Además, dijo que lo contactaron mediante la red Telegram, y que pudo escuchar la voz de una persona. Por la terminología que usaba, supone que era oriundo de la provincia de Misiones. Más precisamente, por utilizar el término “gurices” (“niños”, en guaraní), el joven aduce que sus jefes serían misioneros, aunque evitó identificarlos.
La fiscal porteña Daniela Dupuy indagó a Nuñez Pinheiro junto a otros cuatro imputados: su padre Elías Nuñes Pinheiro, Julio César Escobar, Cecilia Mercado y Antonio Aquino. Todos residen en Eldorado y fueron allanados la semana pasada. Aunque la fiscal había pedido que los detengan, la jueza Araceli Martínez rechazó ese pedido y llegaron a la indagatoria en libertad. Las indagatorias se prolongaron por unas 7 horas y concluyeron cerca de la medianoche.
“Nicanor Moreno Crotto” el llamativo seudónimo utilizado por los hackers en la maniobra contra D’Alessandro
El hackeo a D’Alessandro ocurrió el 19 de octubre, un mes y medio después del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La Justicia determinó que la maniobra se realizó mediante el SIM Swap, que consiste en tomar el control de una línea telefónica desde otro dispositivo, sin el consentimiento de su titular.
En este caso, utilizaron una tarjeta Sim blanca vendida por la empresa Comtel SA, e interactuaron, vía SMS, con la plataforma provista por Movistar que les solicitó tres datos: el número de línea, el número de documento del titular de esa línea, y el número de trámite del DNI.
A partir de ese momento, los delincuentes completaron una trivia de preguntas con datos personales de D’Alessandro. Elías Nuñes Pinheiro habría obtenido esos datos a través de un perfil falso de Nosis a nombre de “Nicanor Moreno Crotto”, un ex funcionario que trabajó junto a Marcos Peña. La elección de ese nombre disparó sospechas en los investigadores: ¿fue aleatorio o los jefes indicaron que utilizara ese alias para no despertar sospechas?
Sospechas sobre el Registro Nacional de las Personas
A ese perfil lo crearon el 14 de octubre, a las 13.32 hs., desde un Iphone. Ese mismo día, dos concejalas de Bariloche y El Bolsón dieron la primera versión en Facebook sobre el viaje a Lago Escondido, que se había concretado un día antes. Ese viaje, que tuvo a D’Alessandro entre sus protagonistas, se filtró el 17 de octubre a través de una nota del sitio El Destape. Apenas 48 horas después, es decir el 19 de octubre, la banda de Eldorado accedió al teléfono de D’Alessandro.
La Justicia detectó hasta ahora que en total se habrían utilizado 16 perfiles falsos para obtener datos de 72 personas. Todos esos perfiles eran operados con las mismas claves: “ezequiel0508” y “clientesgsm12″.
Ahí aparece otro dato muy llamativo. El número de trámite del DNI del ex ministro de Seguridad habría sido obtenido el 19 de octubre a las 14.17 “por parte de un usuario del sistema de consultas que posee el Registro Nacional de las Personas, mediante un usuario cuya credencial de acceso es administrada por una entidad que se identifica como ‘MME’ correspondiente a la Jefatura de Gabinete de Nación”.
Once víctimas, entre funcionarios del PRO, jueces y camaristas federales
El hackeo a D’Alessandro fue parte de una maniobra más compleja. La Justicia determinó hasta ahora que desde el mismo IMEI, un código que identifica a un celular, y desde la localidad de Eldorado, ingresaron a las líneas de Fabio Alejandro Segurado, Luis Esteban Barbier, Diego Santilli y María Eugenia Piperio.
Asimismo, la misma técnica de Sim Swap se habría desplegado contra los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dos de los tres integrantes Tribunal Oral que condenó a la Vicepresidente Cristina Kirchner en el juicio por la Causa Vialidad. También la emplearon contra el juez de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, Cristina Vanesa Figueroa, Verónica Salido y Adriana Lázaro. En total serían once las víctimas, entre funcionarios del PRO, jueces y camaristas federales.
Según informó La Nación luego de escuchar al hacker confeso, la fiscal Dupuy buscará avanzar sobre el siguiente eslabón de esta trama de espionaje ilegal, en la búsqueda de determinar a los autores intelectuales del delito. Entre otras medidas de prueba, la fiscal ordenó un peritaje sobre los mensajes que intercambió Nuñes Pinheiro -si no fueron eliminados de manera definitiva- y la revisión de quince dispositivos electrónicos.
¿Un nexo con el poder político misionero?
Otro de los datos que tomó cuerpo en la investigación, fue el análisis de los vínculos que mantendrían los acusados. De acuerdo con Infobae, Antonio Aquino, uno de los imputados, tendría conexiones con al menos tres personas vinculadas al poder político misionero.
Es que el mencionado Aquino (30) es dueño de “GSM Express”, un local de Eldorado dedicado a la venta y a la reparación de celulares. Durante las tareas de investigación, la Policía detectó que se movía en un Audi A3 y en una moto Yamaha, identificada con la patente A034DWS, que está a nombre de Héctor Daniel Irala, un empleado de un ministerio provincial.
En tanto, del análisis de las redes sociales de Aquino, surgieron otras vinculaciones con el poder político local. En su perfil de Facebook aparece el “vínculo” con Hugo Kowalski, quien sería director de la Unidad Regional 5 de Vialidad Provincial y candidato a Intendente de Eldorado.
La investigación sobre Aquino llevó a otra persona vinculada a la política de Misiones. En sus posteos, Aquino mostraba una Coupe Hyundai Genesis, patente JPF733. Ese vehículo está a nombre de Oscar Daniel Petcoff, quien trabaja para la Municipalidad de Eldorado, según los registros de bases comerciales.