BUENOS AIRES. A más de siete años de la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, el kirchnerismo presentó un proyecto de amnistía para los hechos considerados delictivos relacionados con la actividad política y social de dicha organización.
Según publicó Parlamentario, la iniciativa es impulsada por la diputada nacional por el Frente de Todos Gisela Marziotta y respaldada por referentes de organismos de Derechos Humanos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y por sus pares de bancada Hugo Yasky, Mara Brawer, Pablo Carro y Rodolfo Tailhade, entre otros, y de sindicalistas como Daniel “Tano” Catalano, líder de ATE Capital.
El texto plantea la amnistía “respecto de todos los hechos considerados delictivos relacionados con la actividad política y social de la organización Tupac Amaru, por los que fueron imputados, procesados o condenados, sus propios integrantes desde el 1º de diciembre de 2015 hasta la publicación de la presente ley”.
Amnistía “superadora” del indulto
Además, precisa que en caso de que se conceda la amnistía “nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o implicado de alguna manera por imputaciones o sospechas de haber cometido uno o más hechos considerados delictivos a los que refiere la presente ley”.
El proyecto precisa que la amnistía “decide extinguir la acción penal, haciendo cesar la condena y sus efectos. Es decir que reputa inocentes a los autores de los hechos. Se puede imponer antes del inicio del proceso, durante el proceso o con sentencia firme”, argumentaron los autores de la iniciativa, que insisten en la inocencia de Sala y en que una amnistía “es una instancia superadora al indulto”, porque este admite la culpabilidad del indultado.
Los diputados kirchneristas denunciaron que, tras la llegada de Gerardo Morales al gobierno jujeño, en 2015, “comenzó a urdirse una estrategia de persecución política destinada a acabar con el liderazgo de Milagro Sala y con el activismo político y social de la Tupac”.
La causa y la condena ratificada por la Corte Suprema
En 2019 la Justicia condenó a Sala a 13 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración y extorsión. El Tribunal Oral jujeño determinó que fue la jefa de una asociación ilícita que desvió fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas sociales. Y el 15 de diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario por el que Milagro Sala, había llegado a la máxima instancia judicial y de esa forma dejó firme la condena a 13 años de prisión que el Tribunal Oral Criminal 3 de Jujuy dictó en 2019 en causa conocida como “Pibes Villeros”.
Según consta en el expediente, la defraudación al Estado fue por $60 millones, que fueron cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, las cuales no se realizaron. El juicio de esa causa inició en julio del 2018 y declararon más de 100 testigos.
Cabe recordar que Sala fue detenida el 16 de enero de 2016. Además de Pibes Villeros, la dirigente kirchnerista es investigada por otras causas, una por lavado de dinero, y otra por el robo de un expediente judicial, entre otras.
