El jueves, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, derogó la Resolución 1231/2019 firmada por la ex ministra Sabina Frederic, que restringió el uso de armamento de las fuerzas y dejó especialmente a la Prefectura Naval Argentina en una situación desventajosa en el patrullaje de ríos de frontera en relación con la criminalidad organizada.

En ese sentido, la titular de la cartera de seguridad resolvió habilitar a la Prefectura Naval a fin de que pueda usar todo tipo de armas de fuego y no solo las armas cortas que hoy tiene permitidas.

Al ser derogado el Reglamento por la Exministra Sabina Frederic, a pocos días de asumir su cargo, sin que dictase otra normativa en su reemplazo, las fuerzas quedaron en absoluto desamparo en cuanto a su accionar, generando incertidumbre en los efectivos sobre la penalidad del posible uso de armas de fuego al que podrían verse obligados durante sus funciones.

Este cambio llevó a situaciones riesgosas para los agentes, lo que derivó en hechos donde se han perdido vidas de funcionarios, que no han querido defenderse de sus agresores por temor a sufrir sanciones y/o condenas.

En declaraciones en conferencia de prensa, de la que participó el Subprefecto Nacional Naval, prefecto general Alejandro Annichini, Bullrich expresó: “Nuestra filosofía es clara. Nosotros protegemos a la ciudadanía y las fuerzas de seguridad, toda vez que las fuerzas tengan que usar su arma para defender a la ciudadanía, lo tiene que hacer”.

Y agregó: “hemos planteado un marco adecuado y hemos trabajado para este protocolo especial para que la PNA pueda desde el día de hoy proteger a su gente, proteger las fronteras, proteger a la ciudadanía y estar en mejor o igual condiciones de las que están los criminales y los delincuentes. El derecho internacional nos ampara en cuanto a la proporcionalidad de armas que va a usar a partir de hoy la Prefectura Naval frente a los ataques que sufren”.

Es importante poner de resalto que a la fecha las fuerzas se encuentran constantemente amedrentadas y amenazadas por la impunidad con la actúan sus agresores, quienes conocen las limitaciones del accionar de éstas ante tales acciones.

Así, ha sucedido recientemente en dos hechos protagonizados por la Prefectura Naval, uno de ellos en la Provincia de Formosa, al Km 216 del Río Paraguay y otro en la Provincia de Misiones, en el KM 1076 del Río Uruguay.

En el primero de los hechos, una patrulla fluvial del personal de la Prefectura Formosa junto con Operaciones de Frontera de la Prefectura de Zona Paraná Superior y Paraguay, se encontró con con unos 30 individuos manipulando bultos en la ribera argentina. Al dar la voz de alto, los mencionados huyeron hacia Paraguay, agrediendo en la huida al personal actuante con elementos corto punzantes. Finalmente, la fuerza descubrió que los bultos abandonados contenían 480 litros de GAS-OIL, secuestrando la mercadería.

El segundo de los sucesos, ocurrido el día 27 de enero a las 03:00 horas, fue vivenciado por una patrulla fluvial que circulaba por el km 1076 del Río Uruguay, la que resultó atacada por un masculino en una embarcación. Posteriormente, un grupo de siete (7) personas arrojó piedras, elementos contundentes y disparó armas de fuego hacia el personal. Tras la inspección se encontraron once (11) impactos de proyectiles en la embarcación.

De esta manera, se concluyó que estos eventos recientes, sumados a todos los ocurridos en estos últimos cuatro años, resaltan los desafíos y peligros que enfrentan las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de sus funciones, justificando la necesidad de regulaciones adecuadas y entrenamiento continuo para garantizar respuestas proporcionadas y seguras en situaciones críticas.

El restablecimiento de la reglamentación del uso de armas busca proporcionar coherencia y seguridad jurídica a los agentes en situaciones de riesgo.