[vc_row][vc_column][vc_column_text]Así denunció en diálogo con MisionesCuatro Ricardo Benítez, cacique de la comunidad Chapa’í quien aseguró que se hicieron grandes negociados con tierras de las comunidades guaraníes. Señaló al intendente de San Ignacio, Esteban Romero y al diputado provincial Nicolás Daviña.[/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1501513713308-423cc013-089a-3″ include=”94123,94124″][vc_column_text]SAN IGNACIO. Comunidades guaraníes continúan reclamando por sus derechos sobre la tierra. Este lunes, aborígenes del norte de Misiones levantaron un corte de ruta 12 que mantuvieron todo el fin de semana en el acceso a Iguazú solicitando la restitución del carnet de ayuda social. También pedían la renuncia del titular de Asuntos Guaraníes de la provincia, Arnulfo “Miki” Verón.
Ahora, trascendió que en la ciudad jesuítica de San Ignacio integrantes de la comunidad Chapa’í denuncian la venta de tierras y negociados por dinero que involucran a ex caciques, intendentes y diputados de la Renovación K.
Se tratarían de negocios del anterior cacique de esa comunidad -ubicada a metros de las Ruinas Jesuíticas- con el intendente Esteban Romero por hectáreas que habrían sido vendidas al abogado y empresario inmobiliario Nicolás Daviña, Diputado provincial del Frente Renovador K y Miembro del Consejo de la Magistratura.
“De 181 hectáreas, dejaron 12 hectáreas para la comunidad mbyá, seis para el municipio o empresas y el resto queda automáticamente para el propietario (Nicolás Daviña)”, denunció Benitez.
En seis hectáreas de tierras negociadas todavía habitan seis familias de la comunidad Chapa’í que ahora serían desalojadas por el intendente Romero. Además, otras 18 familias quedaron sin servicio de agua potable que también fue monopolizado por otros caciques.[/vc_column_text][vc_column_text]Ley de emergencia de tierras indígenas. En el año 2006 fue sancionada la ley Nº 26.160 que declaraba la emergencia por el término de cuatro años en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, suspendiendo todo proceso tendiente a desalojarlas, y ordena la realización de un Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras actualmente ocupadas por ellas, que debía realizarse en un plazo de tres años con un fondo de 30 millones de pesos (10 millones por año) y del cual sería responsable el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, informa el sitio digital laizquierdadiario sobre la normativa.
En el año 2009 los plazos no habían sido cumplidos y una nueva ley Nº 26.554 prorrogó la suspensión de desalojos y la realización del relevamiento hasta noviembre de 2013, y destinó 10 millones de pesos adicionales por cada uno de los tres años posteriores a su sanción. En 2013, con la sanción de la ley 26.894 se determinó que la norma operará hasta noviembre de 2017.
Esta normativa parece no haberse cumplido en San Ignacio donde caciques de la comunidad Chapa’í denuncian que funcionarios de la Renovación K hacen negociados con sus tierras.
Por el momento no hubo intervención de Nación, Provincia o alguna autoridad de Asuntos Guaraníes. “Nuestro problema es gravísimo, de afuera no se ve, pero los que vivimos, esto es demasiado pesado. Se hicieron negocios cuando la ley dice que no se puede vender ni prestar”, insiste Benítez. “Hay gente que trabaja exclusivamente sobre eso, gente de relevamiento que trabaja por el territorio indígena. Fuimos a Nación y Provincia y hablamos con ellos varias veces y parece que no hay interés”.[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1501513713316-098f0e60-81e8-8″ include=”94125,94126,94127″][vc_tweetmeme][vc_facebook][vc_column_text]JK[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
