BUENOS AIRES. Con una mayoría casi absoluta construida con el voto positivo de los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia de la Nación además cuestionó al procurador del Tesoro, el ultracristinista Carlos Zannini, por la falta de rigor jurídico de su presentación en defensa del DNU de Alberto Fernández.
“El Ejecutivo Nacional no ha brindado fundamentos idóneos y suficientes para sostener una potestad sanitaria federal que le permita legislar en lo que refriere a la modalidad educativa en el ámbito de CABA”, sostiene el fallo de los magistrados que deja además una lectura política densa.
Según LPO, las críticas esbozadas en el fallo no apuntaron sólo al jefe de los abogados del Estado. Sino también al Ejecutivo Nacional. “La particular incidencia relativa de la educación presencial en la propagación del COVID-19, no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que incide de manera tan drástica en la modalidad de la enseñanza, en lo que aquí interesa, porteña”, puede leerse en el fallo.
Un fallo unánime
“La falta de justificación suficiente (…) deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena”, critican Rosatti y Maqueda.
El fallo en soledad de la jueza Elena Highton de Nolasco, que ni siquiera votó a favor de la Rosada, sino que se abstuvo, pone en blanco sobre negro la casi nula incidencia del Gobierno en el máximo tribunal. Highton de Nolasco ingresó al máximo tribunal recomendada por Alberto Fernández durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y se sostiene en el cargo en base a un dudoso amparo, ya que superó el límite legal de 75 años para permanecer en el máximo tribunal.
Doble victoria para Larreta
En una lectura política, el fallo es un doble triunfo para Larreta. Por un lado, fortalece su posición en la discusión que viene con Nación por el recorte a la Coparticipación de la Ciudad. Y hacia adentro de Juntos por el Cambio, le permite exhibir frente al sector que lideran Mauricio Macri y Patricia Bullrich que es mucho más efectivo un abordaje institucional del conflicto con el oficialismo, que los escraches en la Quinta de Olivos. O las declaraciones mediáticas de corte incendiario.
En pocos días comenzará a discutirse el reclamo de la Ciudad por el recorte a la coparticipación que impulsó Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La Corte busca que Nación y el distrito capitalino consigan a un acuerdo político en lugar de expedirse sobre el tema. Con el fallo de este martes Larreta llega al debate fortalecido cuando en Casa Rosada empezaban a desempolvar la Ley Cafiero para abrirle la puerta a los recortes.
Alberto había expresado semanas atrás que la Corte “no es tribunal originario en cuestiones de la Ciudad porque la Ciudad es autónoma, no tiene rango provincial, y la competencia originaria habla de conflictos entre provincias y Nación”. Con la decisión sobre las clases presenciales el máximo tribunal aniquila esos argumentos del oficialismo.
Un fallo que reafirma el status constitucional de CABA
“Dado que circunstancias como las examinadas en la causa pueden prorrogarse o repetirse en el futuro, el Tribunal entiende que su pronunciamiento no sólo no se ha vuelto inoficioso sino que debe orientar, desde lo jurídico -no desde lo sanitario-decisiones futuras”, explican en el considerando 28, los jueces Rosatti y Maqueda.
El fallo se construyó en base al nudo argumental del escrito que trabajaron de manera conjunta Maqueda y Rosatti, que fueron coherentes con su pasado de convencionales constituyentes. Y ratificaron en todo el espíritu de la reforma del 94, que otorgó a la Capital Federal el estatus de Ciudad Autónoma, con rango y competencias equivalentes a las provincias.
Asimismo, la Corte definió internamente que se enfrentaba en esta cuestión, más allá de la discusión por las clases, a un fallo de “máxima relevancia institucional” que ponía en discusión “el federalismo argentino”.
