BUENOS AIRES. Legisladores y dirigentes de Juntos por el Cambio, encabezados por Patricia Bullrich, denunciaron ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, irregularidades en el plan de vacunación del gobierno argentino, entre ellas el presunto favorecimiento al empresario kirchnerista Hugo Sigman.
“El plan nacional de vacunación no cumple los estándares mínimos de respeto y protección de los derechos humanos (…) en particular con los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación”, arranca el informe firmado por unos 30 dirigentes de Juntos por al Cambio.
Según LPO, el informe de Bullrich tiene un largo capítulo dedicado al escándalo del vacunatorio VIP kirchnerista. Además de los casos conocidos, los dirigentes opositores denunciaron la aplicación de vacunas en locales partidarios.
Asimismo, el informe recalca que el Gobierno que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner, no le dio a la Ciudad de Buenos Aires más vacunas de lo que le correspondía de acuerdo a la proporción de la población.
Los cuestionamientos a la negociación por las vacunas
El segundo eje del informe habla de los mecanismos de compras de las vacunas y pone el foco sobre Sigman, el dueño de mAbxience, el laboratorio encargado de producir en Argentina, parte de los inoculantes bajo la fórmula del laboratorio AstraZeneca.
“El gobierno nacional ha orientado el plan de adquisición de vacunas con miras a favorecer arbitraria e ilegalmente la participación de empresarios asociados al poder”, sentencian.
Asimismo, también mencionan una presunta gestión que favoreció al Laboratorio Richmond para producir en el país la vacuna rusa Sputnik V, el centro de esta parte de la denuncia apunta al contrato con Sigman y AstraZeneca. También se menciona la gestión con Sinopharm.
“El acuerdo habría importado una preferencia ilegal y arbitraria del gobierno nacional por el empresario Sigman”, afirman desde JxC. Además, sostienen que ese acuerdo “suspendió, en los hechos, el acuerdo que se venía gestionando para la compra de la vacuna producida por Pfizer”.
Al respecto, detallan que “las negociaciones para la compra de las vacunas producidas por Pfizer fueron delegadas en una funcionaria del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, que anteriormente habría trabajado para Hugo Sigman, en una empresa vinculada a su grupo, es decir, un competidor directo”.
