BUENOS AIRES. La Corte Suprema marcó este jueves una línea muy clara de respaldo a todas las investigaciones de corrupción en el Estado y de abusos de funcionarios, en particular del kirchnerismo. Este jueves, el supremo tribunal emitió fallos que coinciden en lo esencial: rechazan todos los recursos presentados por ex funcionarios como Julio de Vido, Juan Pablo Schiavi y Carlos Ben. Pero esa línea dura también alcanzó a los empresarios Lázaro Báez, Benito Roggio y Carlos Wagner, al padre Julio César Grassi y al sindicalista platense Marcelo Balcedo.

Según publicó LPO, Báez tuvo un doble rechazo. El primero en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, en la que se investiga el lavado de dinero en la financiera SGI (conocía como “La Rosadita”), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el procesamiento con prisión preventiva de Lázaro Báez, por haberlo encontrado coautor del delito de lavado.

El empresario kirchnerista apeló la decisión en un recurso de queja ante la Corte Suprema que este jueves se desestimó por unanimidad.

La misma suerte corrieron las apelaciones de Julio De Vido contra una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que en el marco de la causa conocida como “Sueños compartidos”, había rechazado in limine la recusación del juez Borinsky efectuada por la defensa del ex ministro kirchnerista.

En esta causa se investiga el presunto desvío de más de 206.000.000 de pesos de su fin específico (viviendas sociales). Dicho dinero habría sido transferido por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, dependiente de De Vido, a las jurisdicciones locales y luego canalizado a las distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

También rechazó un recurso contra la causa en la que se lo investiga por una maniobra fraudulenta en la importación de gas natural licuado realizada entre 2008 y 2015, que generó un perjuicio al Estado de casi 7.000 millones de dólares. La decisión de este jueves de la Corte fue un duro golpe para el ex ministro menemista José Roberto Dromi, abogado de De Vido.

Asimismo, la Corte falló en contra de un pedido del ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi; del secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, Marcelo Balcedo y del cura Julio César Grassi, que quería evitar ir a juicio por el delito de peculado de caudales públicos por haber, presuntamente, utilizado los fondos de la Fundación Felices los Niños para el alquiler de dos quintas.

La misma suerte corrió Carlos Ben, en la causa en la que se investiga el direccionamiento en los procesos licitatorios de dos proyectos de infraestructura que se inscribieron en el marco del denominado “Plan Director de Aguas y Saneamiento Argentino Sociedad Anónima” (AySA).

En ese caso se investiga también el pago de dádivas por parte de las empresas ganadoras a las autoridades del organismo para asegurarse las adjudicaciones de las obras, causa que complica a los empresarios Aldo Benito Roggio y Carlos Wagner.