POSADAS. El recambio ministerial propiciado a principios de año en el Gabinete provincial está generando conflictos al interior de algunos organismos, donde contratados pertenecientes a anteriores administraciones deben convivir con situaciones de violencia laboral.
Tal es el caso de tres empleados administrativos del Ministerio de Derechos Humanos, que la nueva ministra quiere dejar cesantes, en principio, sin ningún motivo válido. Los contratados con relación de dependencia que ingresaron durante la gestión de Graciela “Chela” Leyes, están aislados. De acuerdo con fuentes consultadas, no se les asigna funciones y estarían siendo hostigados para que renuncien a sus empleos.
Según las fuentes, la nueva administración que encabeza Karina Aguirre, una funcionaria del riñón político de la ex ministra de Acción Cooperativa, Élida Vigo, pretende que los contratados renuncien “de motus propio”. Para ello redactaron cartas de renuncia idénticas. Y se las presentaron a los damnificados para que las firmen.
El “argumento” para exigir las renuncias
De acuerdo con las fuentes, desde la nueva gestión en Derechos Humanos habrían señalado que pretenden la salida de los contratados por Leyes porque, a su vez, los contratados que estaban en el Ministerio de Acción Cooperativa bajo la gestión de Aguirre, también fueron desplazados. En consecuencia, Aguirre (y Vigo) necesitan reubicarlos. Y para ello, pretenden las renuncias en DDHH.
Aparentemente, no habría causal de despido. De ahí surge la violenta confección de las cartas de renuncia “a la firma”.
Cabe recordar que Aguirre desembarcó en DDHH luego de ella misma renunciara a su puesto como Ministra de Acción Cooperativa –allí había sucedido a su conductora política, Élida Vigo. Y en esa cartera, juró la diputada provincial MC Liliana Rodríguez. Se trata de la dirigente que pertenecía al partido del ex diputado y ex ministro Alex Ziegler, pero que se pasó al Frente Renovador de la Concordia. Ya sin cargo, la designaron en Acción Cooperativa.
Como sea, los empleados que se negaron a firmar sus renuncias, ya recibieron amenazas que apuntan a que Aguirre haría caer los decretos de designación. Por lo pronto, estos contratados decidieron acudir al gremio UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación) para que los ampare. Y desde la organización ya habrían iniciado intentos de contacto con la ministra Aguirre.
