BUENOS AIRES. El hijo mayor del empresario Lázaro Báez, Martín, dijo este miércoles desde la cárcel que su vida está “destrozada”, que ya fue “socialmente condenado” y rogó ser absuelto al negar haber cometido delito alguno en la causa por supuesto lavado de dinero en la que es juzgado junto a su padre y sus tres hermanos.
Según Télam, con las declaraciones de Martín Báez y del ex contador de las empresas familiares, Daniel Pérez Gadín, se reanudó este miércoles de manera remota el juicio al empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos, el “arrepentido” Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar y otros 27 procesados por supuesto lavado de dinero.
Pedido para que lo declaren inocente
“No he cometido ningún delito, pero tengo la vida destrozada y ya estoy socialmente condenado”, sostuvo Martín Báez, el único de los procesados que sigue detenido por “la ruta del dinero K”, durante la anteúltima audiencia del juicio oral desde la cárcel de Ezeiza. Su intervención fue breve, pero no improvisada, según indica Infobae. Es que leyó un discurso corto que ya tenía preparado. “Soy una persona honesta, soy buena gente, con la vida destrozada. No soy mafioso ni delincuente. Soy una persona común que trabajó en la empresa de sus padres”, dijo al comienzo de su exposición.
“Ruego que apliquen la ley y me absuelvan”, les dijo a los jueces del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, Adriana Pallioti y Gabriela López Iñiguez.
La audiencia arrancó con el testimonio del contador Daniel Pérez Gadín, que ensayó una teoría sobre el comienzo de la causa judicial, que habría estado “dirigida” a perjudicar al Grupo Austral en la licitación por las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en la provincia de Santa Cruz. Pérez Gadín, uno de los imputados que estuvo detenido, denunció “la presión que se ejerció sobre el Grupo Austral para desplazarlo de esa licitación”.
Lo que dijeron Rossi y Elaskar
Por su parte, Fabián Rossi habló de las acusaciones en su contra y recordó las consecuencias que tuvo la causa sobre su vida. “Lo peor fue que me inventaron un pasado que yo desconocía. Tuve que demostrar que no había tenido un crecimiento patrimonial injustificado, que la imprenta existía, y hasta tuve que demostrar que una lancha no era un yate”, lamentó. Sobre el final, se despegó de Lázaro Báez y del contador Pérez Gadín: “Me han inventado relaciones con personas que no conocía”.
El financista Federico Elaskar también hizo hincapié en los “momentos difíciles” que le tocó vivir. Sobre la acusación fue muy breve: “Lo único que se pudo probar es que vendí mi empresa y me la compró el Grupo Báez. Fariña compró muchas cosas y no veo a esas personas en un juicio oral y público”, sostuvo.
Cabe recordar que juicio oral por la maniobra de lavado de casi 55 millones de dólares, que incluyó la compra del campo “El Carrizalejo”, terminaría el próximo miércoles. Si no hay sorpresas, podrán declarar los últimos procesados y luego se conocería la sentencia.
Las penas solicitadas para los acusados
Lázaro Báez, el principal acusado, arrastra un pedido de pena de la Fiscalía de 12 años de cárcel. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también solicitaron penas muy altas: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP. Mientras que para sus hijos, la fiscalía reclamó 9 años para Martín, 5 para Leandro, y 4 y seis meses de cárcel para Melina y Luciana.
Actualmente Báez se encuentra detenido en un domicilio que la Justicia dispuso que se mantenga bajo reserva. Tras varios intentos fallidos, argumentando el riesgo de enfermarse de COVID-19, el TOF 4 le otorgó al empresario arresto domiciliario por una orden concreta de la Cámara de Casación.
La condena contra Báez, si se concreta, tendrá consecuencias directas sobre todos sus bienes, comprendiendo las cuentas en el exterior, y podría impactar en otros juicios. Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba tomó en cuenta como ilícitos precedentes del lavado de dinero las irregularidades en la obra pública, que se juzgan en la causa de Vialidad, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas, y la evasión impositiva de Austral Construcciones.
