Avanza el proyecto para modificar el financiamiento de partidos políticos

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La iniciativa fue presentada ante el Congreso y plantea una reforma para transparentar los aportes de los partidos políticos. Propone la legalización de las contribuciones de empresas y controles para evitar el lavado de dinero. También, sugiere tipificar el clientelismo político como delito.[/vc_column_text][vc_column_text]CAPITAL FEDERAL. Hace algunas semanas el presidente Mauricio Macri pidió al Congreso aprobar una ley de financiamiento de los partidos políticos, dos días después el proyecto de ley que venía preparando el Poder Ejecutivo desde hacía más de un año ingresó a la Cámara de Diputados.

La iniciativa plantea la bancarización de los aportes, la legalización de las contribuciones de empresas -con un tope- y mayores controles para evitar lavado de dinero. El texto que llegó al Congreso este viernes se venía trabajando en la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, que dirige Adrián Pérez, y promete ser uno de los grandes debates del segundo semestre en el Congreso, informó el sitio digital Parlamentario.com.

MisionesCuatro dialogó con el Secretario Electoral Eduardo Bonetto sobre el proyecto presentado. El funcionario explicó que la antigua ley requiere de actualización en algunos puntos.

El ante proyecto presentado presenta “cuestiones superadoras de la ley actual vigente y otras no tanto”, opinó Bonetto. “Hay un capitulo con varios apartados que regula el procedimiento para el caso de desaprobación de cuentas, que no estaba en la ley anterior”, comentó.[/vc_column_text][vc_column_text]

Puntos centrales de la propuesta de reforma

Se elimina la posibilidad de hacer donaciones en efectivo. Los aportes sólo podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito.
El proyecto habilita el aporte de personas jurídicas, estableciendo un tope del 2 por ciento sobre el total de los gastos permitidos para un partido.
Se propone que aquellas empresas que provean publicidad en vía pública se inscriban en un registro específico que administrará y controlará la Cámara Nacional Electoral.
Se establece la obligatoriedad para que organismos públicos (como UIF, PROCELAC, AFIP, ANSES, IGJ, Of. Anticorrupción, entre otros) compartan la información con la Justicia Electoral, a los fines de combatir los aportes de dinero proveniente de actividades ilícitas, o simplemente para controlar mejor los aportes y gastos.
Las agrupaciones políticas que se presentan a elecciones deben designar dos responsables económico financieros. El proyecto incorpora la obligación de que uno sea un contador público matriculado, mientras que el otro debe ser autoridad partidaria.
Se extiende el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de 15 a 30 días.
Se promueven sanciones para el clientelismo político y el uso de recursos públicos con fines partidarios
Los aportes extraordinarios previstos por la ley de financiamiento para cubrir gastos no electorales sólo serán accesibles para los partidos que no estén cumpliendo sanciones vinculadas al régimen de financiamiento.
Se habilita la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen de financiamiento nacional
Se aumenta la composición del cuerpo de auditores contadores de la Cámara Electoral, creando 17 cargos nuevos, con el fin de mejorar sustantivamente el control del financiamiento.

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