BUENOS AIRES. Para la perita de Cristina Kirchner, “Lázaro Báez perdió plata, no sé para qué se presentó a estas licitaciones, casi que le tendríamos que devolver plata”, lanzó el fiscal Diego Luciani al comenzar a analizar el capítulo de los sobreprecios en las obras que llevó adelante el empresario santacruceño Lázaro Baéz, que está acusado, junto a la ex Presidente Cristina Kirchner, el ex Ministro Julio De Vido y el ex Secretario de Obras Públicas, José López, entre otros ex funcionarios, de conformar una asociación ilícita que defraudó al Estado por cifras multimillonarias.

En el marco de la quinta jornada de alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el Juicio Oral y Público por la llamada Causa Vialidad, el Ministerio Público Fiscal denunció que la profesional contable de Cristina Kirchner, “se alejó por completo de su función” y tuvo “un afán” para “forzar los números” y llegar a un resultado favorable a las defensas.

Según publicó Infobae, según la acusación hubo sobreprecios en más de 200 millones de dólares en 5 de las 51 obras analizadas.

Las críticas a la pericia de la defensa de CFK en la causa por la corrupción con la obra pública

Este martes, la Fiscalía puso el foco sobre las conclusiones de la ingeniera Adriana Alperovich, que en nombre de la defensa sostuvo que no habían existido sobreprecios. Para el Ministerio Público, la ingeniera dio “vidriosas explicaciones” ante el tribunal. Y hasta admitió que ni siquiera consideró los costos de transportes en sus cálculos.

En esta línea, Luciani consideró que la ingeniera carecía de la competencia necesaria para el análisis de obras viales. Y esto lo reconoció, la propia Alperovich. Pero, además, el fiscal puso de relieve que para su trabajo, la ingeniera consultara bibliografías de tesis de alumnos de universidades de Perú o Colombia, de dudosa rigurosidad. “Tampoco sabemos si fueron aprobados”, fustigó Luciani contra el trabajo de la perita de Cristina Kirchner.

Sin embargo, Luciani denunció además que la ingeniera Alperovich faltó a 16 de las 30 reuniones que se hicieron en el colegio de peritos para analizar este caso. Y que desoyó “las claras advertencias que le hicieron sus colegas sobre las fuentes de información homogénea” a utilizar, mientras que ella decidió “acotar su análisis a una serie de ítems definidos por ella misma arbitrariamente”.

Algunas de las justificaciones que dio la testigo, en su momento, llaman la atención por su inverosimilitud. “Estaba analizando información, me fui de vacaciones, no fui porque tenía médico”, fueron algunas de las justificaciones que dio Alperovich, según recordó el fiscal.

Y también destacó que después de sí asistir a una de las reuniones con sus colegas en donde el perito de la Corte compartió parte de sus conclusiones adversas a los acusados, la defensa de Cristina Kirchner pidió su recusación.

Las pericias por los sobreprecios en las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez

En la segunda parte del quinto día de alegato, el foco estuvo puesto en las pericias de los sobreprecios en las obras de Lázaro Báez. Solo se analizaron cinco de las 51 obras, algo que fue cuestionado por la defensa de Cristina Kirchner e incluso llegó con ese planteo a la Corte Suprema. También cuestionó al perito oficial de la Corte Suprema porque había tuiteado contra su gestión.

Los peritos que declararon en la causa fueron los ingenieros Pablo Eloy Bona, de la Corte Suprema, Roberto Panizza, de la Fiscalía y Adriana Alperovich, de la defensa de la ex presidenta. Bona detectó sobreprecios en más de 198 millones de dólares respecto del presupuesto determinado originalmente.

Por su parte, Panizza habló de su sobreprecio estimado en 202 millones de dólares. En cambio, la perita propuesta por Cristina Kirchner estimó que las cinco ofertas del Grupo Báez no tuvieron sobreprecio alguno. Conforme a la selección de ciertos ítems que ella eligió, concluyó que las empresas del grupo Báez estuvieron 71 millones de dólares por debajo de los precios de plaza, insistió el alegato de los fiscales.

“Basándonos exclusivamente en los números finales de la perita de parte, advertimos una cuestión singular. Para ella, cuatro de las cinco obras salían más caras que lo que el Grupo Báez plasmó en sus ofertas”, fustigó Luciani.

La Perita de Cristina dijo desconocer si de “un sobrecómputo podía derivar en un sobreprecio”

La fiscalía repasó las diferentes metodologías y advirtió que el Ministerio Público iba a quedarse con el análisis de su perito. Y destacó que Panizza había comparado los precios con los publicados en la revista histórica El Constructor. Y cuando no figuraban allí, tomó por válidos los presupuestados.

También subrayó que Panizza no sólo analizó el precio final sino también sobre el “sobrecómputo”. Según explicó, “un sobreprecio no sólo se puede generar a partir de la exageración de los ítems sino también por la exageración de las cantidades. Por eso esta fiscalía sin desmerecer el trabajo del perito de la Corte de Justicia va a seguir el dictamen del ingeniero Panizza”.

En esta línea, Luciani recordó que en su declaración como testigo se le preguntó a la ingeniera Alperovich sobre el tema. “Fue tal grado de desorientación que no pudo evacuar una consulta elemental para la fiscalía: si un sobrecómputo podía derivar en un sobreprecio. Nos dijo desconozco”, reveló el fiscal.

El caso emblemático de la ruta nacional 288

Uno de los ejemplos que se marcó en los costos fue en el cálculo de los terraplenes. Y subrayó el caso de la ruta nacional 288. “Si hubiera construido el terraplén que usaron esa compactación, era para cubrir a una persona de 1,80 metros”, dijo mostrando un render de esa ruta si se hubiera hecho un trabajo según el análisis de los peritos. Sin embargo, detalló, cuando se fue al lugar, la calzada apenas se levantaba al ras del suelo. “Donde está levantada la ruta en un 1.80 metros? Ahí no supera la suela de zapato del inspector”, dijo Luciani.

“Son cuestiones evidentes, incontrastables -resaltó-. En los terraplenes es donde suelen concentrarse los mayores abusos en los gastos injustificados y más incidió en el valor final de la obra”. A criterio de la fiscalía, “semejantes hallazgos muestran que los presupuestos oficiales y los del Grupo Báez no fueron elaborados con parámetros técnicos sin con el fin de acaparar los recursos públicos que fuera posible. A tal punto es así que tan solo 5 de las 51 obras quebraron la triste barrera de 200 millones de dólares de sobreprecio.”

El fiscal subrayó que la perito de Cristian Kirchner, a diferencia de sus colegas, no analizo la totalidad de los ítems que figuraban en el presupuesto oficial sino que eligió ciertos ítems. “Estos desajustes no fueron inocuos y repercutieron en el valor final de su trabajo”, dijo. Según Luciani fue un resultado “algo dibujado” en donde se buscó “matizar la amplísima dispersión” de precios.

El canal de pago ilegal, preferencial y secreto, para el pago de anticipos a Lázaro Báez

Para completar las contundentes denuncias contra la asociación ilícita que habrían liderado Cristina y Néstor Kirchner, Luciani afirmó que, siendo esta presidenta de la Nación, dispuso la creación de un canal de pagos ilegal, preferencial y secreto, para abonar de manera anticipada las obras que realizaban las empresas de Lázaro Báez.

Según publicó La Nación este martes, el canal de pago preferencial al que aludió Luciani es la resolución 899/2010, dictada en mayo de ese año, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Esa norma permitía pagos anticipados a los contratistas con la sola determinación de Nelson Periotti –ex titular de Vialidad Nacional- por causas de fuerza mayor, como inundaciones, terremotos, nevadas. Fue dictada, dijo Periotti, tras un alud que dejó tres muertos en Comodoro Rivadavia por un deslizamiento de tierras.

Al analizar su uso, Luciani destacó que el alud fue en febrero, la resolución se dictó en mayo de ese año y que nunca se invocó el alud para su dictado. Dijo que esa resolución en cambio fue utilizada para pagar de manera anticipada a las empresas de Báez en 1.317 casos, mientras que el resto de las empresas la usaron en seis, cinco y una ocasión.

La resolución 899/2010 que nunca llegó al Boletín Oficial

“Esta maniobra servía para crear un canal preferencial de pago y dar trámite prioritario a los pagos de Lázaro Báez por sobre otros contratistas, porque Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Crisitna Kirchner”, declaró Luciani en el alegato que se transmitió vía zoom y que está disponible en el canal Youtube del Poder Judicial – Videoconferencias, Audio & Video.

El fiscal insistió en que se utilizó la tragedia del alud para justificar el dictado de esta norma que en realidad ocultaba una maniobra para darle apariencia de legalidad a los pagos que se efectuaban a las empresas de Báez. “No hay límites, la realidad fue otra: se usó la tragedia, las alusiones de Periotti al alud no fueron más que excusas para crear este canal exclusivo de privilegio de pagos y por eso buscaron esta tragedia como excusa”, enfatizó.

En esta línea, Luciani remarcó que la resolución 899/2010 nunca se publicó en el Boletín Oficial ni en ningún otro canal oficial, que la Cámara Argentina de la Construcción la desconocía, que los empresarios que declararon como testigos dijeron que no sabían de su existencia y que si lo hubieran sabido habrían festejado con algarabía.

“Con esta resolución se creó una herramienta para que ningún funcionario de menor jerarquía obstaculizara esta decisión de los jefes de la asociación ilícita”, sentenció Luciani. Y reiteró: “Este privilegio es porque Lázaro Báez era Néstor Kirchner y era Cristina Fernández”.