CHUBUT. Acorralado por las masivas protestas sociales y sin apoyo político de los intendentes, el gobernador de Chubut Mariano Arcioni anunció la suspensión de la ley que habilita la minería en su provincia y el llamado a un plebiscito para definir si se aplica la controvertida norma. Después de la aprobación de la semana pasada, masivas protestas sufrieron una feroz represión policial. Pero los manifestantes incendiaron la casa de gobierno de Chubut y otros 15 edificios públicos.
Según LPO, la decisión del gobernador chubutense trascendió este lunes por la mañana luego de la quinta jornada de protestas y represión en las principales ciudades de la provincia. Arcioni lo confirmó horas después por Twitter: “quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad”.
Hasta el domingo por la noche en el entorno del gobernador “massista” del Frente de Todos aseguraban que no tenía pensado dar marcha atrás con la ley. Sin embargo, Arcioni fue perdiendo apoyo político de los intendentes que fueron virando a medida que crecía el rechazo popular.
Esa falta de apoyo se profundizó con el anuncio del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, de que vetará la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante para adherirse a la norma. Con votos del oficialismo, Madryn fue la primera ciudad en adherirse, lo que le permitiría cobrar las regalías mineras. Por supuesto, esa ciudad es el epicentro de las protestas
Gustavo Sastre es hermano de Ricardo Sastre, el vicegobernador de la provincia. Su anuncio dejó en evidencia que también el vicegobernador le soltaría la mano a Arcioni. Ello pese a que hasta ahora había respaldado la norma. Poco después del anuncio del intendente Sastre, el propio gobernador anunció el referendum.
En tanto, otro intendente peronista que expresó su rechazo a la normativa fue Adrián Maderna, de Trelew. Este domingo, Maderna participó de una marcha en contra de la ley minera. Así, el único intendente importante de la provincia que mantiene el respaldo a la ley minera es el de Comodoro Rivadavia, el kirchnerista Juan Pablo Luque. La ciudad más grande de la provincia fue la segunda en adherir a la norma.
Con el anuncio de Arcioni, se reabre el debate sobre la necesidad de avanzar con la minería con “licencia social”, un concepto que refiere al consenso y apoyo ciudadano a los proyectos de explotación.
En tanto, desde la oposición redoblaron las críticas contra el gobernador. “No puedo creer que se plantee ahora el veto o la derogación de la ley como haciéndole un favor a los chubutenses. Nos toman el pelo, se creen que comemos vidrio. El que incendió la provincia es Arcioni. Y ahora se queja del olor a humo”, lanzó el senador nacional de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres.
