BUENOS AIRES. En lo que aparece como una sorpresiva reactivación de la mega-causa por corrupción, el juez federal Juián Ercolini citó a indagatoria al exsecretario de Control y Planificación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, en un tramo de la causa por los Cuadernos de las Coimas que todavía sigue en instrucción.

Según La Nación, la mayor parte del caso ya fue elevada a juicio oral. Ercolini también citó a 7 empresarios que, deberán responder por entregas de dinero al exfuncionario de Planificación Federal y a las personas que trabajaban para él, Hernán Gómez y Nelson Lazarte. A estos dos ex funcionarios kirchneristas, también los indagarán.

Entre el 20 y el 27 de diciembre deberán declarar vía Zoom los empresarios Hugo y Hugo Alberto Dragonetti, Alberto Tasselli, Jorge Balán, Claudio Glazman, Claudio de Lassaletta y Mauro Guatti y Fernando Alexis Sananez. También deberán responder por esos hechos, como receptores del dinero, Gómez y Lazarte.

De acuerdo con fuentes del citado diario nacional, el juez ordenó las indagatorias a partir de prueba que había aportado el financista Ernesto Clarens. Al declarar como arrepentido, Clarens aportó una serie de planillas con los pagos enumerados. Alguno de esos datos fueron cotejados, además, con datos que surgían de los registros escritos por el chofer Oscar Centeno en sus cuadernos.

Así pues, las filtraciones que surgieron del teléfono de Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido, no tendrían que ver con la nueva citación de Ercolini.

Los argumentos de la indagatoria a Baratta, Taselli y Dragonetti

“En el caso de Roberto Baratta, se le imputará su participación en los sucesos descriptos en los puntos b), c), d), e) y g), los cuales fueron realizados en el marco de la organización delictiva en la que se encuentra procesado como organizador y se dispuso su elevación a juicio en la presente causa”, sostiene el escrito del juez federal, según publicó el matutino.

Esos puntos, enumerados en la resolución judicial, detallan las circunstancias de las entregas de dinero, la mayoría ocurrida entre 2009 y 2015.

Asimismo, la resolución indica: “En el caso de Alberto Taselli se le imputará que el día 31 de julio de 2013 le habría entregado una suma de dinero a Roberto Baratta -ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación-, quien se encontraba junto con su secretario, Nelson Javier Lazarte, en el Yacht Club Argentino, sito en la calle Cecilia Grierson 500 de esta ciudad. Taselli se desempeñaba como presidente de la firma ‘Faraday’, la cual contaba con contrataciones en el ámbito del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación”.

Un bulto con 800 mil dólares

“A Hugo Dragonetti se le imputará haber participado en pagos que habría ordenado su padre, Hugo Alberto Dragonetti, coordinándolos telefónicamente y/o aportando dinero, los cuales se materializaron los días: el día 3 de febrero de 2010, el nombrado junto con su padre, le habría entregado un bulto con ochocientos mil dólares (u$s 800.000) a Roberto Baratta -ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación-, en la calle Suipacha 1111 de esta ciudad”, describió el juez Ercolini respecto de uno de los hechos imputados a los Dragonetti y a Baratta.

“El día 9 de junio de 2010, (Dragonetti) habría subido al vehículo conducido por Oscar Bernardo Centeno, en las inmediaciones de la Avenida Santa Fe y Suipacha de esta ciudad, y allí le habría entregado un bolso con cuatrocientos cincuenta mil dólares (u$s 450.000) a Roberto Baratta -ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación-”, continuó el juez respecto de los hechos atribuidos a Dragonetti.

La famosa causa de los cuadernos de la corrupción

El caso de los cuadernos de las coimas tuvo su punto álgido en agosto de 2018, cuando el caso estalló con un operativo de detenciones que incluyó no sólo a Baratta y sus colaboradores, sino también a empresarios del mundo de la energía y de la obra pública. Y en los meses que siguieron, decenas de imputados declararon como imputados colaboradores. Y admitieron haber hecho pagos ilegales a los exfuncionarios de Planificación, algunos a modo de “aportes a la política”. Mientras que otros pagos fueron para recibir certificados de obras públicas que ya les habían adjudicado.

Uno de los casos desprendidos del expediente troncal -el 9608- investiga un esquema de cartelización de obras viales. La mayoría de estas causas fueron elevadas a juicio oral. El juez Ercolini, que subroga el juzgado 11 que quedó vacante tras la muerte de Claudio Bonadío, tomó estas medidas en uno de los tramos residuales de la causa troncal.