BUENOS AIRES. Este lunes, Cristina Kirchner fue sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”. La resolución se firmó después del pedido del fiscal Guillermo Marijuan que fue convalidado por dos organismos del gobierno, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Este fallo absolutorio por desistimiento de la parte acusatoria –tanto del fiscal como de los organismos nacionales ahora presididos por funcionarios kirchneristas- da por tierra con la idea del law-fare contra la Vicepresidente: no hay persecución judicial contra dirigentes políticos.

Según publicó Clarín, al considerar que no había elementos suficientes para sostener la imputación por lavado de dinero contra la vicepresidenta, el juez Casanello firmó su sobreseimiento dejándola afuera de la investigación que se centró en la maniobra del blanqueo de 55 millones de dólares, y que tuvo como principal acusado a Lázaro Báez. Vale recordar que el empresario fue condenado a diez años de cárcel por corrupción.

​En el magistrado sostuvo: “Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales-, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición”.

En su argumentación, Casanello remarcó que como juez su acción “se encuentra limitada a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes. No puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado”. En otras palabras, Casanello entiende que tras el planteo del fiscal Marijuan no había más alternativa que sobreseer a Cristina Kirchner.

Marijuan había sostenido que no contaba con los elementos necesarios “para determinar y establecer su posible coautoría (de Cristina Kirchner) o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero” que encabezó Báez.

Es preciso destacar que el requerimiento del fiscal se formuló después de recibir el informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), que arrojó 372 comunicaciones entre Báez y el entorno de Cristina Kirchner, además de confirmar a partir de allí un evento considerado por él dirimente: la reunión de Lázaro y la entonces presidenta a finales del 2010 en la Quinta de Olivos, donde el empresario, “al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales que para ese entonces venía realizando”.

Según Clarín, ese dato había surgido de la confesión del llamado “valijero” Leonardo Fariña, como imputado colaborador. En el marco de esa charla –de acuerdo con Fariña- “Báez le manifestó que venía de hablar con la jefa, que es Cristina Kirchner y que le había preguntado si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso. A lo cual, él me dice que le responde que, de ninguna manera, pero me dice que seamos más prudentes con los movimientos”. Con esto quedó probada la visita a Olivos del llamado “Zar de la Obra Pública de Santa Cruz”, para muchos, contratista y socio de Cristina Kirchner.

Con el eje puesto en ese diálogo, y tras considerar agotadas las medidas de prueba, el fiscal dio un cierre a la investigación abierta hace diez años “para dilucidar si la ex mandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno”.

Frente a la solicitud del fiscal, Casanello consultó a las dos querellas: la UIF y la AFIP. Ambas agencias, ahora presididas por funcionarios kirchneristas, compartieron el criterio de la fiscalía y como resultado final, Casanello firmó el sobreseimiento poniendo punto final a la inclusión de Cristina Kirchner en el expediente.

Hay que recordar que la investigación sobre la vicepresidenta se centró en el vínculo con los imputados y condenados y, en particular, con Lázaro Báez, para establecer si ella también participó o se benefició de las maniobras ilegales analizadas en esta causa. La fiscalía dijo que no pudo probar esa conexión.

“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha y avanzar a otro estadio procesal como sería el juicio”, sostuvo Marijuan en un dictamen muy controvertido y cargado de un alto voltaje político.

Pese a este sobreseimiento, Cristina Kirchner seguirá siendo investigada por lavado de dinero junto a Báez, en otro expediente vinculado a la Ruta del Dinero K y que tiene como objeto central el millonario patrimonio adquirido, de forma compulsiva, por el dueño de Austral Construcciones.

Es que entre 2010 y 2013 Lázaro Báez (mismo período de las maniobras de blanqueo en la Ruta del Dinero K), había declarado ante la AFIP un patrimonio de $66 millones. No obstante, la justicia determinó que su fortuna era aún mayor: en 2016, la justicia federal le detectó 1.420 bienes muebles e inmuebles, equivalentes entonces a 205 millones de dólares. En este tramo en el que la vice seguirá siendo investigada, se busca determinar si esas propiedades las adquirió a título personal o actuando como testaferro de los Kirchner.

Con este sobreseimiento, que se suma a los cierres de las causas por el Memorándum con Irán –de encubrimiento agravado a los responsables del atentado a la AMIA- y por Hotesur – Los Sauces –de lavado de activos-, en las que ni siquiera se realizaron juicios, Cristina Kirchner sigue celebrando medidas judiciales que implican el pase a archivo, de expedientes penales en su contra. Es decir, se desarma y queda sin sustento fáctico, la idea esgrimida por la Vicepresidente y sus acólitos, de una supuesta persecución del poder judicial en su contra.