POSADAS. La ONG Casa del Encuentro brindó los datos sobre los femicidios que obtienen a partir del Observatorio de Violencia de Género y Femicidios que llevan adelante, que constató 279 femicidios en el tiempo del aislamiento social preventivo y obligatorio. Al respecto, Ada Rico advirtió sobre los problemas de los auxiliares de justicia y con la propia justicia, que no garantiza medidas de protección para las mujeres que están en riesgo. Y subrayó que cuando el agresor pertenece a una fuerza de seguridad, “la víctima está en un peligro inminente”

“El poder judicial ha fallado. Quedó demostrado en los últimos femicidios, con mujeres que habían logrado una medida cautelar y no tenían ningún dispositivo de protección”, sostuvo Rico y recalcó: “un  botón antipánico y una tobillera electrónica al agresor, que no era otorgada, tienen que estar monitoreados por la justicia”.

En esta línea, Rico insistió en que cuando una mujer realiza una denuncia y “sólo le queda una constancia”, apenas obtiene un mero papel. “El poder judicial tienen que entender si la misma justicia le otorgó una medida de prohibición de acercamiento, ella está en peligro. Y tienen que obrar en consecuencia para protegerla a ellas y sus hijos”, enfatizó Rico.

Los problemas de las denuncias cuando no se protege a la víctima

Consultada por MisionesCuatro respecto de los problemas en la toma de las denuncias, Rico consideró que los “operadores y operadoras tienen que tener bien en claro, una evaluación del riesgo de esa mujer. En lugares pequeños, todos se conocen. El policía conoce al agresor y hay amiguismo con los agresores. Y si el agresor pertenece a la fuerza de seguridad es un peligro inminente para la mujer que realiza las denuncias”, alertó.

Para Rico, es crucial que se profundice la ley Micaela y que los auxiliares de justicia y todos los funcionarios y empleados estatales, estén realmente al tanto de la problemática, que en muchos casos terminan en femicidios. “Tiene que haber una evaluación de lo que sucede en esa capacitación (de Ley Micaela) que tendría que tener 20 horas. Y por la pandemia, pusieron 4 horas presenciales. No tenemos indicadores de quienes las realizaron”, aclaró Rico.

La referente insistió, en que en muchos de los casos de femicidio, “no tenían perspectiva de género”.