GARUPÁ. A fines del año 2020, Mirtha García, propietaria de una vivienda del barrio Ñu Porá, firmó un contrato por escribanía con un inquilino que ocuparía un local comercial con un sector de la casa que usaría como vivienda.

Posteriormente, García viajó a Bernardo de Irigoyen para cuidar a su familia y al momento de regresar, se encontró con las puertas encadenadas y con la prohibición de ingresar a su propiedad.

Desesperada, la damnificada hizo las denuncias judiciales y ahora aguarda respuestas. “Hice denuncias policiales para que los jueces me devuelvan la casa”, dijo. “Me debe el alquiler de la casa desde hace un año y se quedó con mi casa”, agregó sobre su inquilino.

Según su relato, García tiene un hijo menor de edad a su cargo y actualmente reside en casas de familiares porque no puede costear un alquiler.

Además, el inquilino la denunció en el INADI por discriminación y además en la justicia por daños y perjuicios. “Quiero mi propiedad y la justicia ‘se tira la pelotita’”.