La ordenanza, defendida enérgicamente por el concejal renovador Horacio Martínez, buscaba repudiar las manifestaciones que tienen lugar desde el 16 de mayo, argumentando que estas afectan a instituciones y actividades comerciales. Además, el proyecto acusaba a los manifestantes de cometer delitos graves como sedición y destrucción de propiedad del Estado.
La votación resultó en un contundente rechazo a la propuesta, evitando así que se criminalizara a los manifestantes que han estado luchando por sus derechos laborales y un aumento salarial.
Este rechazo a la ordenanza anti-protesta fue visto como una victoria para los trabajadores y sus aliados, quienes se manifiestan en diversas formas, desde acampes hasta marchas masivas, para hacer oír sus voces.
El rechazo a la ordenanza también refleja el creciente descontento con la gestión del oficialismo y la necesidad urgente de establecer un canal de comunicación efectivo entre las autoridades y los ciudadanos. Los bloques opositores han instado al gobierno a abrirse al diálogo y a atender las demandas legítimas de los trabajadores, en lugar de intentar reprimirlas.
