“Lo que está pasando no tiene nombre”, comentó Díaz, destacando la urgente necesidad de un aumento salarial para los empleados del Estado. Enfatizó que este problema es sistemático y ha empeorado con el paso de los años, llegando a una situación caótica que avergüenza al país.

Con una trayectoria de 45 años en el Poder Judicial, es un defensor constante de los salarios dignos para los empleados judiciales. Sin embargo, señaló que el salario mínimo en este sector es de apenas 349 mil pesos, una cifra que considera insuficiente y que coloca a los trabajadores en una situación de pobreza.

El vocero de los empleados judiciales de Oberá hizo un llamado al Superior Tribunal de Justicia y a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación para que reconozcan la necesidad de un aumento salarial urgente. Denunció que la situación actual no solo afecta a los empleados judiciales, sino que es un problema generalizado que requiere una acción inmediata por parte de las autoridades pertinentes.