POSADAS. El geriátrico Itatí, conocido como el “geriátrico del terror” ya está clausurado y este martes un integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) reveló a MisionesCuatro que los abuelos que residían en el lugar estaban hacinados y convivían con aguas servidas, entre muchas otras irregularidades constatadas en un informe del organismo, ya elevado a la Defensoría del Pueblo y al Juzgado de Instrucción 2, que investiga el caso de abandono de persona. Cabe destacar que este geriátrico clandestino funcionaba en la misma cuadra del Ministerio de Salud Pública, es decir, a menos de 100 metros de la cartera sanitaria.

En diálogo con MisionesCuatro, Mantau se refirió al informe elaborado por la Comisión sobre el geriátrico clandestino que funcionaba a menos de una cuadra del Ministerio de Salud Pública. “A raíz de una denuncia de público conocimiento de la última semana de febrero y la denuncia penal que se tramita en el juzgado de instrucción 2 de Juan Manuel Monte, tuvimos la intervención de la Comisión contra la Tortura y otras autoridades del Observatorio (del Adulto Mayor) a fin de constatar las condiciones de alojamiento y el trato humano de la persona custodio a las personas adultos mayores”, detalló Mantau este martes.

Las condiciones infrahumanas a las que estaban sometidos los ancianos

“Se han observado irregularidades: falta de espacio en habitaciones, aguas servidas cerca y contigua a los habitáculos. También se verificó riesgos eléctricos como parte de la humedad en el establecimiento, no en todo (el geriátrico) pero sí en parte. Muy importante (se verificó) falta de instrumentos y de medios arquitectónicos de riesgo y seguridad como por ejemplo los barrales”, describió Mantau sobre las condiciones en las que residían los abuelos alojados en el geriátrico Itatí, de calles Junín y Salta.

De acuerdo con Mantau, “se elaboró un informe y se elevó el expediente administrativo que está en trámite dentro de la Defensoría del Pueblo de Posadas”, añadió.

Un geriátrico clandestino funcionando en la misma cuadra de Salud Pública

Respecto de las responsabilidades institucionales del funcionamiento del llamado geriátrico del terror, Mantau reveló que con la CPPT y Defensoría definieron informar sobre la clausura definitiva del lugar al municipio y al Ministerio de Salud Pública. “En la última reunión, por decisión de la mayoría de las autoridades que son parte del Observatorio (del adulto mayor), Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública, Subsecretaría de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, autoridades del Ministerio de Derechos Humanos se ha solicitado y se va a poner en conocimiento a quienes correspondan sobre el cierre y clausura del lugar, a las autoridades, al municipio y a Salud Pública”, señaló el funcionario, sin profundizar sobre el escabroso hecho fáctico de la cercanía del geriátrico clandestino y la cartera sanitaria provincial.

De acuerdo con Mantau, con la denuncia de tratos inhumanos a los ancianos dentro del geriátrico, “inmediatamente, luego del procedimiento, se han tomado dos medidas: poner en conocimiento al dueño o al encargado de la residencia y a los familiares de los residentes, que a la fecha de la visita de la comisión eran 11. Se les notificó y tuvieron varias audiencias aquí en la Defensoría (del Pueblo)”, sostuvo.