POSADAS. La acumulación de contratos laborales sin relación de dependencia heredados de gestiones anteriores, el atraso salarial y el reciente fallecimiento de un joven empleado, en un accidente laboral involucrando a un camión recolector, confluyeron en un grave conflicto entre el Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Obreros y Empleados de Posadas (Soemp) que derivó en el desalojo de las áreas en las que se reunían los empleados municipales, con enfrentamientos entre la Policía y los trabajadores.

Así lo ponderó el periodista Pablo García, para la sección “El Dato Político” que conduce en el Noticiero Central de MisionesCuatro.

Según reveló García, la muerte de Maximiliano, un joven empleado que sufrió lesiones gravísimas en una pierna aplastado por un camión recolector que no tenía la VTV en regla la semana pasadas, sumado al hecho que “la ART no cubrió la indemnización por ser un contrato sin relación”, generó malestar entre los trabajadores. Convocaron a un “paro por tiempo indeterminado desde este martes a las 20 con piquetes en la ruta 12 (Base El Zaimán), en Urquiza y San Martín y otras dependencias de la municipalidad”, precisó el cronista.

Sin embargo, el conflicto laboral “viene de arrastre de varias administraciones”, anteriores a la actual, por “la acumulación de contratos con relación de dependencia y sin relación de dependencia. Se habla de 2800 a 3000 contratados sin relación de dependencia”, detalló García.

El duro reclamo de los delegados este miércoles

En este contexto, las autoridades municipales estarían abriendo “cupos” para el pase de los contratos sin relación a con relación de dependencia, una formalización que otorga derechos a los empleados, entre ellos el de la Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).

Sin embargo, este miércoles por la mañana, los trabajadores de la Base El Zaimán (Obras Públicas) se entrevistaron con enviados del Soemp y del municipio y les reclamaron en duros términos, las mejoras salariales y laborales. “Ahora hacen operativos los domingos, ¿cuándo vamos a descansar? ¿Por qué no podemos estar bien, queremos alimentar a la familia? No venimos a reclamar un auto cero kilómetro”, recalcó un delegado en esa reunión, insistiendo en que con un aumento salarial, volverían a votar al oficialismo del municipio, como lo hicieron en 2021. “Le pedimos aumento y nos dieron 5 mil pesos en cuotas, es una vergüenza”, se quejó ese delegado.

Malestar por la orden de no innovar de la ministra Giménez

Por la tarde, “a las 19 uno de los miembros de la conducción del Soemp adelantaba que había una predisposición (a dialogar)”, explicó García, añadiendo que, de todas maneras, en el Soemp cayó muy mal la orden de “no innovar” firmada por la Ministra de Trabajo de la Provincia, Silvana Giménez, que implicaba dejar sin efecto toda medida de fuerza hasta la conciliación obligatoria –ya decretada- para el 27 de Junio.

“Esto generó bronca entre los delegados”, contó García.

Sin embargo, “un hombre del gobierno provincial (se disponía) a negociar con los delegados y el sindicato”, ofreciendo “adelantar los aumentos del segundo semestre, abrir el cupo del pase de contratos con relación, y el pago de los seguros y ART. Se iban a juntar ahora (a las 19), pero a las 15.20 en la comisaría de Fátima llegó la orden para que los efectivos bajen a la Base El Zaimán para efectuar los desalojos”, sostuvo García, poniendo de relieve que esa orden judicial complicó y hasta impidió la mesa de negociación que estaba por abrirse con el Soemp y los delegados.

Un problema derivado del manejo de los contratos, que atraviesa a otras áreas del Estado

La definición del conflicto “siempre va ser política”, insistió García respecto de las alternativas que tiene la gestión actual del municipio que encabeza Leonardo Stelatto, que debe resolver el problema de la acumulación de contratados con relación de dependencia y “en negro” de las anteriores gestiones de los ex alcaldes renovadores Joaquín Losada y Orlando Franco.

Al respecto, García enfatizó en que se trata de un problema que atraviesa a otros sectores de la administración pública y por eso se entiende la resolución que se difundió hoy, del gobernador Oscar Herrera Ahuad (la 728/22), que ordena que todos los contratos del personal temporario del Instituto del Fomento del Agro y la Industria, sean controlados por el Ministerio de Hacienda. Es que “el Turco (Marcelo) Rodríguez metió 180 contratos en un año y medio porque la caja estaba liberada”, reveló García sobre el cuestionado ex presidente del IFAI, que debió renunciar al cargo tras la filtración de chats privados a partir de los cuales se lo investiga por supuesto intercambio de favores sexuales por contratos laborales.

Según García, al nuevo presidente del IFAI, Roque Gervasoni, Hacienda le dejó bajo su control “la caja del fomento, de la que depende la relación del instituto con productores”, no así los contratos, que pasarán a ser auditados estrictamente por el Ministerio de Economía.