Miriam Amarilla, expresó su sensación de haber sido violentada en sus derechos como pasajera. Criticó la falta de una defensa al consumidor efectiva. Además, denunció la manera en que la policía intervino durante el paro, afirmando que su ingreso fue brusco y destinado a expulsar a los usuarios de la terminal de transferencia de avenida Quaranta.

Una de las problemáticas mencionadas por Amarilla fue la falta de frecuencias nocturnas en Itaembé Miní, lo que dificulta el regreso seguro de los pasajeros a sus hogares. También destacó que, al bajarse en el Hospital Baliña, se ven obligados a caminar largas distancias de hasta 7 kilómetros. Según la vecina, existen horarios nocturnos en los que las frecuencias son cortadas, dejando a los usuarios sin opciones de transporte.

La indignación de Amarilla aumentó al descubrir que la terminal de transferencia de Quaranta no es de carácter público, sino propiedad de la empresa de colectivos. Según su testimonio, les dijeron que “Casimiro se reserva el derecho de admisión”. Amarilla manifestó su sorpresa al descubrir que una terminal que creía pública, en realidad no lo era, y esto, a su entender, podría explicar muchas otras situaciones, como la exclusión de los vendedores ambulantes.

La usuaria también calificó el paro como una muestra de violencia extrema y atropello. Criticó la Audiencia Pública, señalando que es no vinculante y carece de utilidad. Afirmó que solo sirve como una catarsis, ya que las empresas no reconocen ninguna de las deficiencias existentes.

Por su parte, Cristina Cuevas resaltó la falta de garantías por parte del Estado para que los usuarios puedan regresar a sus hogares de manera segura. Mencionó que los horarios no se respetan y criticó el hecho de que el paro sorpresivo a las 9 de la noche solo fuera conocido por los familiares de los choferes. Cuevas también señaló la reducción repentina de frecuencias y la eliminación de líneas de colectivos sin previo aviso.

Cuevas mencionó que recolectaron más de 8 mil firmas para presentar un reclamo, pero que hasta el momento no ha tenido resultados satisfactorios. Expresó su frustración por la falta de opciones y la imposibilidad de elegir vehículos con aire acondicionado y unidades nuevas, como los de la empresa Bencivenga. Además, enfatizó que los usuarios no se sienten representados ni protegidos por ninguna autoridad y deben apoyarse entre vecinos para enfrentar estas problemáticas.

Aseguraron que pese a haber presentado numerosas notas acompañadas con miles de firmas de usuarios solicitando el ingreso de la empresa Bencivenga a los barrios la cual consideran prestan un servicio de calidad, nunca recibieron respuestas por parte de los funcionarios quienes pretenden mantenerlos rehenes de un servicio monopólico que hace lo que quiere con la gente.

Las usuarias también revelaron la asombrosa cantidad de recaudación diaria de la empresa, estimada entre 2 y 3 millones de pesos. Además, Amarilla compartió declaraciones en las que se mencionaba que el empresariado estaría solicitando un boleto de 500 pesos, lo cual genera aún más preocupación entre los usuarios.