Altamirano, quien es preceptora en la institución durante años, expresó públicamente haber sido relegada de sus funciones y haber sufrido violencia dentro del espacio laboral. Entre sus declaraciones, mencionó haberse visto obligada a tomar medidas extremas, como encadenarse en la institución, como una forma de protesta ante lo que ella considera una situación intolerable.

“Ante una solicitud de la presidenta del CGE, levanté la medida porque había un compromiso de solucionar mi problema”, afirmó Altamirano. Sin embargo, hasta la fecha, no vio una resolución satisfactoria a sus reclamos.

Según la denunciante, a pesar de haberse desempeñado en su cargo durante décadas, no fue designada en su posición de preceptora como correspondía desde febrero. Además, acusa al director de la institución de negarse a darle la continuidad que le corresponde, mientras que otros empleados fueron designados en sus puestos.

Altamirano también señaló la existencia de “acoso laboral”, indicando que se le asignó un rol de secretaria por la mañana, pero que se estableció una secretaría paralela en el mismo horario, limitando su acceso a la documentación y dejándola sin capacidad para asistir a los docentes que buscan ayuda.

“Los docentes buscan ayuda y no puedo asistirlos. Hace 30 años que estoy trabajando y es la primera vez en mi vida que me pasa algo tan atroz”, expresó.

Ante estas acusaciones, la comunidad educativa espera una pronta respuesta de las autoridades pertinentes y medidas concretas para abordar estas preocupaciones.