Posadas

Las vecinales se preparan para una gesta histórica contra el Grupo Z

El referente de la Unión de Comisiones Vecinales, Daniel Morel, anticipó que habrá movilizaciones para lograr que los ediles de Posadas deroguen la ordenanza 1600/05, que otorga el poder de fijar el precio del boleto urbano, al intendente de Posadas y las empresas lideradas por el Grupo Zbikoski.

Las vecinales se preparan para una gesta histórica contra el Grupo Z

El referente de la Unión de Comisiones Vecinales, Daniel Morel, anticipó que habrá movilizaciones para lograr que los ediles de Posadas deroguen la ordenanza 1600/05, que otorga el poder de fijar el precio del boleto urbano, a una mesa conformada por el intendente de Posadas, el subsecretario de Transporte y las empresas de transporte, lideradas por el Grupo Zbikoski.POSADAS. La pelea por la derogación de la ordenanza 1600/05 que adhirió al municipio de Posadas a la ley provincial del Sistema Integrado de Transporte, tomó otro cariz este jueves, con las declaraciones de Daniel Morel, de la Unión de Comisiones Vecinales, que anticipó que llevarán a cabo movilizaciones para forzar a los ediles posadeños a tomar esta decisión que haría caer el SIT (Sistema Integrado de Transporte). Morel habló con el titular de Consumis, Rolando “Coco” Gutiérrez, quien es el autor del proyecto para derogar la normativa sancionada en tiempos del ex intendente Jorge Brignole –hoy al frente del Mercado Central-, y anticipó que se dará una gesta histórica cuando logren que los ediles posadeños terminen con esta ordenanza, lo que implicará un duro golpe para el Grupo Zbikoski.

Gutiérrez y Morel se refirieron a la reunión que mantuvieron este jueves con la Comisión de Transporte del HCD capitalino, donde se iba a tratar la derogación de la controvertida ordenanza 1600/05. “(Los ediles) nos salieron con otras cosas que hacen al servicio pero no al fondo del problema del servicio público del transporte de pasajeros en Posadas, Garupá y Candelaria”, comentó el titular de Consumis, quien sostuvo que Morel presentó otro proyecto en la misma línea y “es importante que todos nos unamos”, dijo.

El referente de la Unión de Comisiones Vecinales insistió en que los barrios periféricos de Posadas experimentan numerosos problemas con el transporte de pasajeros, los que se vieron agravados, paradójicamente, tras el aumento del boleto del 18% otorgado por el intendente Joaquín Losada. “Ingratamente, el intendente firmó un decreto de aumento un fin de semana y al lunes, los vecinos nos encontramos con que hubo quita de frecuencias (por parte de las empresas de transporte)”, detalló Morel, dando cuenta de los motivos que llevaron a la unión de vecinales a organizarse para terminar con la ordenanza 1600/05.

Al respecto de esta norma que es clave para la continuidad del SIT (Sistema Integrado de Transporte), Morel recordó que también fue votada “entre gallos y medianoche”, en 2005, por orden del entonces intendente Jorge Brignole, en un acuerdo que le quitó la potestad sobre el boleto, a los concejos deliberantes de las tres ciudades del Gran Posadas. “La Estación de Transferencia no existe y la gente sigue viajando como ganado. ¿Entonces cómo hacemos para derogar esta ordenanza? En el 2010, en la modificación de la Carta Orgánica, el municipio le cede el transporte público (a los intendentes) Nosotros, con otras organizaciones nos juntamos y pedimos, directamente, la derogación de la ordenanza”, fustigó Morel, que desafió a cualquier concejal a que se traslade en colectivo para experimentar en carne propia, los problemas que sufren los usuarios.

“Anoche, nos avisaron los concejales que van a sacar una resolución que inste al intendente a cumplir (con la ordenanza 1600/05), pero va a ser un parche. Esa mesa (del SIT) la manejan los intendentes (del Gran Posadas) y los empresarios. El pueblo ni sus representantes (legislativos) no tienen injerencia”, planteó Morel en su argumento para terminar con el manejo monopólico y centralizado del boleto del transporte.

En la misma línea, Gutiérrez advirtió que ni el Ejecutivo, ni el Concejo, ni las empresas informan sobre los costos del servicio, con lo que las Audiencias Públicas, se transforman en una mera instancia nominal, donde los usuarios van a hacer “catarsis” sin que sus opiniones tengan incidencia en la fijación del precio del boleto –las Audiencias no son vinculantes.

En declaraciones que deben haber puesto los pelos de punta a varios dirigentes renovadores y a los empresarios de transporte, Morel anticipó que las vecinales se movilizarán para presionar a los ediles a derogar la norma que entregó el manejo del transporte urbano en el Gran Posadas, a la Subsecretaría de Transporte de la provincia –que definen el precio del boleto en una mesa con los tres intendentes y los empresarios. “Nosotros, con las otras asociaciones vecinales, queremos la derogación de la 1600. Para nosotros el objetivo final es derogarla y vamos a hacer una pueblada. Vamos a invitar a todas las vecinales para que deroguemos esa ordenanza y hagamos ver quiénes son los concejales que están a favor del pueblo y quienes a favor de los empresarios”, fustigó.

“Así como en 2005, se hizo historia para entregar el transporte a los empresarios, los ediles pueden volver a hacer historia en 2017 y devolver el servicio para que sea controlado por la gente”, lanzó Morel. Recordemos que la derogación quedará firme si es aprobada con 10 de los 14 ediles de Posadas, por lo que se necesitará de un consenso entre el oficialismo y la oposición, pues, ninguno de los dos espacios alcanzan por sí solos esa mayoría colegiada. Desde luego, los ediles renovadores rechazan de plano la derogación de la ordenanza porque la Renovación perdería el control sobre el boleto urbano –son minoría en el Concejo- y porque se rompería el acuerdo tácito que existe con el Grupo Zbikoski, que es el encargado de aportar los colectivos para las movilizaciones del oficialismo durante la campaña electoral.

Finalmente, Gutiérrez aclaró que si los ediles consideran que la derogación de la 1600/05 no es posible por la modificación de la Carta Orgánica municiopal, existe la posibilidad de la iniciativa popular, que prevé que con unas 100 mil firmas, los ciudadanos pueden obligar a las autoridades a aprobar un proyecto o derogar una norma.Oxt.

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