POSADAS. El conflicto abierto por la demanda de soluciones habitacionales, terrenos y viviendas dignas de las 76 familias que residen en el Asentamiento La Victoria, recrudeció este miércoles, con un grupo de los vecinos manifestando frente a Gobernación y denunciando que las autoridades esconden información sobre los planes concretos que están en curso para una hipotética relocalización.

“Nos acercamos con los vecinos a pedir que el gobernado nos atienda. Nos llegó la información que nos dice que no vamos a quedar en el terreno San Isidro, que está al lado del barrio Néstor. Tenemos miedo que nos quieran llevar a otro lugar más lejos”, contó Dalma Tulio De Souza, una de las voceras del asentamiento, en contacto con el Móvil de MisionesCuatro.

“Son 76 familias las que están y no nos están hablando claro. Hace 4 años que estamos ahí, padeciendo las lluvias, el calor y el frío”, contó Tulio De Souza, quien el 9 de enero pasado, reveló que prácticamente están en situación de calle, en una zona anegable y obligados a conectarse clandestinamente a las redes de luz y agua potable.

De acuerdo con la joven, pretenden “una respuesta concreta” de las autoridades respecto de los planes de relocalización. “Tenemos un contrato a través de Defensoría (del Pueblo)” en el que se comprometen “a desalojar en el momento en que nos sean cedidas las tierras o una casa. Estamos dispuestos a pagar lo que nos den. A nosotros no nos van a regalar nada”, aseveró.

Insistiendo en los manejos poco claros para con las familias, Tulio planteó: “Nos están ocultando cosas del expediente, no sabemos lo que sucede verdaderamente y cuando vamos a los municipios nos dicen que es información privada. Tenemos miedo. Pasa la (campaña) política y vamos a volver a ser olvidados y comenzar de cero, porque al político que gana deja a los pobres de lado”, lanzó la vocera, con la voz quebrada y casi en llanto.

“Queremos la verdad, en tiempo de política es más que seguro que van a bajar a pedir el voto”

Por su parte, Cristina Ríos, otra referente del asentamiento, anticipó que podrían tomar medidas de fuerza más drásticas, de persistir la actual indefinición. “La situación es complicada, hay muchos niños y abuelos. Queremos que esto lo vea el gobernador (Oscar Herrera Ahuad) y la abogada Verónica Noguera de la Subsecretaría de Tierras”, sostuvo. Y añadió: “queremos la verdad, en tiempo de política es más que seguro que van a bajar a pedir el voto”.

Las condiciones de vida son “muy malas: todos los meses hay que renovar maderas y tenemos chapas de cartón. Cuando llueve se inunda”, amplió. “Si nos tenemos que encadenar, nos vamos a encadenar. No estamos jugando”, amenazó Ríos, en diálogo con este medio.

Según lo hicieron saber estos vecinos en la anterior protesta –ante la Subsecretaría de Tierras- firmaron un convenio en la Defensoría del Pueblo para que el Estado expropie un lote, para que luego, las familias vayan pagando por el terreno en cuotas. La compra “sería de privado a privado” pero con financiamiento estatal, de acuerdo con Tulio De Souza. Ahora, se enteraron que esa iniciativa se caería y eso derivó en la protesta. Siempre en el marco de un gravísimo déficit habitacional que se recrudece con el deterior de la economía y la imposibilidad de las familias de alquilar viviendas.