Baigorri señaló la gravedad de la situación tanto en términos humanos como institucionales, destacando que el territorio en disputa fue relevado y cuenta con una sentencia judicial de recuperación por parte de las comunidades desde el año 2019.

La situación se intensificó cuando, según Baigorri, un grupo de personas con intereses comerciales en las tierras, contaminaron una vertiente crucial para la comunidad, arrojando piedras y tierra alrededor de la misma, dejándola inutilizable. Además, denunció la participación policial en acciones que respaldaban a individuos que presuntamente incendiaron una vivienda y realizaron actos de violencia en el área.

El conflicto territorial, según Baigorri, no es nuevo y tiene raíces históricas. Hizo referencia a un área ocupada anteriormente (lote 89) donde las comunidades iniciaron acciones legales que resultaron en una orden judicial para recuperar la zona. Sin embargo, estas personas sin documentación que acredite la propiedad, están tratando de reclamarla a través de métodos cuestionables, como un supuesto boleto de compraventa de hace 11 años, en un intento de posesión ilegal.

Baigorri enfatizó que la ocupación del territorio no fue pacífica, dada la agresividad con la que se llevaron a cabo ciertas acciones por parte de los involucrados.