La ley en cuestión, aprobada en 2011 durante el mandato kirchnerista, establecía restricciones en la adquisición de tierras por extranjeros, limitando a 1000 hectáreas en la zona núcleo. Sin embargo, la justificación original de que el país tenía un considerable territorio en manos extranjeras se desvirtuó con el tiempo, ya que la superficie “extranjerizada” representaba solo el 6,09% de las tierras rurales totales en 2020. Esta medida había impactado en el mercado inmobiliario rural, reduciendo su actividad y desconectando los precios de las tierras en Argentina de los valores en Estados Unidos.

Además de la derogación de esta ley, el decreto también contempla cambios en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), creado en 2002 en respuesta a las protestas de los productores. El INYM, un ente de derecho público no estatal, perderá la potestad de regular los precios entre productores e industrias, marcando un cambio significativo en sus funciones. Esta medida se alinea con la postura del Gobierno de finalizar programas como Precios Justos, que implicaban regulaciones a las que el actual Gobierno se opone.

El INYM, que se financia mediante una tasa de inspección y fiscalización por cada kilo de yerba elaborada, verá modificadas sus funciones en el marco de una reforma que busca ajustarse a la visión del actual Gobierno en cuanto a regulaciones económicas.

El presidente Milei presentará los detalles de estas iniciativas en un evento programado para este miércoles, donde se espera que aborde también otras cuestiones relacionadas con desregulaciones económicas, reducción de gastos estatales y posibles cambios en la legislación laboral, informó el portal La Nación.