[vc_row][vc_column][vc_column_text]La madre del soldado chaqueño muerto en el Regimiento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles, Susana Pintos, reiteró su pedido de esclarecimiento de la dudosa muerte, en la que se sospecha de asesinato y encubrimiento. La diputada Gladys Cristaldo, presidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara chaqueña, confirmó que no han tenido contactos con el Ministerio de Derechos Humanos. “Hoy se cumplen 15 años del fusilamiento de mi hijo”, sentenció Pintos.[/vc_column_text][vc_column_text]POSADAS. Este martes se cumplieron 15 años de la muerte del soldado chaqueño Mauro Ramírez, fallecido de un disparo en el Regimiento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles, y su madre, Susana Pintos, reiteró su reclamo de justicia en Misiones. Acompañada por la diputada Gladys Cristaldo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara provincial chaqueña, Pintos insistió en que se trató de un homicidio en el que hubo un presunto encubrimiento.

Además, Cristaldo confirmó que el Ministerio de Derechos Humanos a cargo de Lilia ‘Tiki’ Marchesini, no se ha contactado con la familia de Ramírez, ni con la comisión de legisladores chaqueños, que exigen justicia en este caso de “violencia institucional”

“Hoy se cumplen 15 años del fusilamiento de mi hijo”, expresó Pintos en diálogo con MisionesCuatro, al tiempo que insistió en que siguen reclamando justicia por la muerte del joven soldado de 22 años.

“Sigo con toda la fuerza para que esto se termine y se sepa la verdad. Gracias a Dios, la causa está abierta. Se está investigando como un hecho de violencia institucional desde el año 2015-2016, cuando se formalizaron los papeles. Hoy la lleva el Dr. Miguel Ángel Guerrero, del juzgado federal de Eldorado. Estoy conforme porque se está ocupando”, relató Pintos a este medio.

Ocho años con la causa archivada

Ante la consulta de este medio, Pintos aseguró que es imposible que su hijo cometiera suicidio como pretendieron instalar desde la versión oficial de la fuerza. “Como sabía que como voluntario le daban de baja a los 28 años, decidió estudiar. Pidió su traslado a Apóstoles (donde había hecho su núcleo). Vino en Marzo y en junio aparece muerto con un disparo en el corazón. Apareció muerto a las 10 y a las 9.30 había iniciado su guardia”, relató Pintos.

La mujer contó que fue notificada por la policía –y no la Gendarmería- y que la versión oficial “es que fue un suicidio”.

Misteriosamente, en lugar de intervenir un juez federal –al ocurrir la muerte en el Destacamento de una fuerza nacional-, intervino el por entonces juez provincial José Antonio Reyes, que cerró la causa en Septiembre del 2003.

“Juez Reyes nunca me atendió. Me hicieron firmar un papel para retirar el cuerpo y me dijeron que se había quitado la vida”, añadió Pintos, quien aclaró que no es verosímil esa versión. “Estaba estudiando. El 13 de junio estuvo en Chaco y habían fijado fecha de matrimonio para noviembre”, contó.

De acuerdo con Pintos, la causa estuvo archivada por 8 años, hasta que “logré llegar a la Procuración General de la Nación para que se investigue el caso de mi hijo como de violencia institucional”. Así fue que la causa se reabrió en 2016.[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1530052189249-7f085833-a62f-8″ include=”182920,182921,182943″][vc_column_text]

Acompañamiento de la Cámara chaqueña

Por su parte, la diputada Cristaldo señaló que “son continuadores de una política que acompañó el reclamo de justicia de Susana. El caso ha conmovido tremendamente a toda la sociedad chaqueña”, dijo la diputada.

“La violencia del Estado, la institucional es la que nos deja totalmente desamparados como ciudadanos. Es el Estado el que ha asesinado a un ciudadano que tenía como propósito defender la Patria”, remarcó, con dureza la legisladora.

Repreguntada por este medio, Cristaldo confirmó que mantuvieron contactos con la Secretaria de DDHH de la provincia, aunque no así con el Ministerio de Derechos Humanos y con el juez federal que entiende en la causa.

“Los que cometieron este asesinato aberrante están acá, los testigos están acá. Es importante lo que se pueda hacer desde la Cámara de Diputados de Misiones”, añadió la legisladora, que destacó la lucha que hizo Pintos durante años para que el caso no quede impune. “Tuvo que soportar que se archive la causa”, recordó Cristaldo.

Asimismo, la diputada destacó la figura del abogado Mario Bosch –recientemente fallecido-, el primero en representar a Pintos y denunciar las irregularidades de la causa y el accionar del juez Reyes. Según Pintos y Bosch, el entonces juez de Apóstoles participó de maniobras para ocultar pruebas de un homicidio.

Presiones y amenazas a testigos

Sobre el final de la entrevista, Pintos apuntó a presuntas presiones impulsadas por un sector de la fuerza para que no declaren los testigos que podrían ayudar a esclarecer la muerte de su hijo. “Tuve que recorrer todo Misiones buscando testigos y nadie quiere hablar. Si esto queda impune se va a volver a repetir. Necesito que el ejército reconozca que a mi hijo lo mataron”, dijo Pintos.

“Para mí vio algo o hicieron algo, estaba por denunciar eso y lo callaron. Sé que hay gente que sabe. En años anteriores con el Dr. (Rafael) Pereyra Pigerl (hoy diputado provincial) y la secretaria de DDHH, teníamos dos testigos que nos iban a dar información pero no se animaron a acercarse”, sostuvo Pintos.

“Uno de ellos fue perseguido, le allanaron la casa y le dejaron mensajes mafiosos para que elija, o el soldado Ramírez o su familia”, denunció Pintos, añadiendo que tras estas presuntas amenazas de miembros de la fuerza federal, ambos testigos desistieron de colaborar con la querella.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]

jmm.

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