Según García, el equipo misionero de Pastoral Aborigen está respaldando a 46 comunidades Mbya Guaraní que presentaron un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este órgano, encargado de abordar asuntos relacionados con los derechos humanos en la región, permitió a las comunidades hacer denuncias sobre violaciones de sus derechos.

El abogado explicó que, en el año 2003, las comunidades indígenas iniciaron un proceso en Misiones que llevó a la aprobación unánime de la Ley 4000. Esta ley buscaba incorporar los derechos de los pueblos indígenas a la constitución provincial. Sin embargo, García lamentó que el siguiente paso, que era una consulta al pueblo de Misiones, nunca se llevó a cabo, lo que resultó en la falta de incorporación de dichos derechos.

El proceso legal para hacer cumplir la Ley 4000 se prolongó durante 10 años en el Superior Tribunal de Justicia, y a fines del año 2021 se dictó una sentencia que no dio lugar al planteo de convocar a un referéndum. Ante esta situación, García señaló que recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró que era una cuestión de competencia local.

Ante la falta de alternativas a nivel nacional, las comunidades indígenas decidieron recurrir a un órgano internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se interesó por el caso y ha dado un plazo a la provincia de Misiones para responder a las demandas de las comunidades. La provincia tiene tres meses para presentar su descargo en referencia a esta denuncia.

Las comunidades Mbya Guaraní continúan su lucha por el reconocimiento y respeto de sus derechos, tanto a nivel local como internacional, mientras esperan una respuesta de las autoridades provinciales ante este llamado urgente.