POSADAS. Este miércoles, los abogados Jorge Zabulanes y Miguel Almeida, presentaron las pruebas documentales que tienen para una denuncia penal por incumplimiento de deberes del funcionario público contra el presidente del Consejo General de Educación, Mauricio Maidana y contra el Director de Enseñanza Secundaria, Hernán Ortiz, por dejar cesante en forma irregular a Claudia Hass, una docente de San Vicente.

“Hubo persecución de una persona con un cargo, para facilitar el nombramiento de una amiga”, disparó Almeida.

Los abogados especializados en la temática docente, señalaron que están representando a la docente mencionada, que está a cargo de un hijo con discapacidad y fue dejada cesante por supuesta incompatibilidad de funciones, por haber tenido dos cargos jerárquicos simultáneamente, a pedido de sus superiores y con la venia del CGE.

Según relató Almeida, la profesora Hass efectivamente tuvo dos cargos como titular, en la Escuela Normal Superior 13 de San Vicente. Pero ella cumplió con un pedido de sus superiores, estando en una situación irregular momentánea, admitida por el CGE, entre 2016 y 2017. “En 2016 se le solicita el servicio especial y cesa en febrero del 2018, pero en ese año, le inician un sumario por la incompatibilidad primeramente admitida”, contó Almeida, añadiendo que la notificación de la cesantía, se concretó en Junio de este año, por supuesta “incompatibilidad de cargos”.

Persecución y amenazas contra la denunciante

Para Zabulantes, hubo una “persecución a gente con cargo” y “podría haber un delito penal”. “Acá hay dos problemas, es selectiva la sanción por la incompatibilidad de cargos, pero el otro tema es que se le da la cesantía por los dos cargos. Sobre todo en un gobierno que es bastante permisivo en estos temas”, comentó Zabulanes. A su tiempo, Almeida reveló que desde el CGE llegaron a amenazar a Hass para que no siga con las denuncias, a cambio de un cargo docente.

“Este caso es emblemático porque hay persecución a una persona con un cargo, para quitárselo y dárselo a un amigo. La denuncia es por incumplimiento de deberes del funcionario público”, precisó. “En este caso de San Vicente, se violaron principios básicos de la defensa”, insistieron los abogados.