POSADAS. El Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Miguel Molina, calificó de “triste” la situación acaecida en el CAI (Centro de Atención Integral) de la Subsecretaría de la Mujer y de la Juventud, en el que una mujer y sus tres hijos se encontraban encerrados, sin alimentos ni condiciones de higiene elementales. Ese Hogar, “fue el primero que clausuramos en Misiones”, lanzó Molina, al tiempo que aclaró que los niños afectados, no se encontraban en la base de datos de menores institucionalizados que maneja la Defensoría.

Según Molina, a partir de la implementación de una cápita equivalente a 3 AUH (Asignación Universal por Hijo), los hogares convivenciales de la provincia, en los que están alojados, niños institucionalizados, “tienen los recursos para que estén bien”.

Sin embargo, en este caso, al tratarse de un CAI del Ministerio de Desarrollo Social, los niños que ingresaron con su madre, no fueron inscriptos en el Registro Provincial de Menores Institucionalizados.

Pedido de relocalización para los niños

De acuerdo con Molina, al hacerse público el caso del “Hogar del Terror”, la defensoría intervino solicitando “a la autoridad de aplicación (el Ministerio de Derechos Humanos) que suspenda el ingreso de personas en ese lugar y que las personas alojadas sean relocalizadas inmediatamente”.

“Es una situación muy triste. A ese hogar le hicieron unas refacciones y quisieron rehabilitarlo pero nos opusimos. Fue el primer hogar que clausuramos en la provincia. No es un hogar de niños. Si las instalaciones son adecuadas, hay necesidad y si las utilizaron para un caso de Violencia de Género, deben responder a una política pública que se implemente con seriedad”, sentenció Molina sobre la brutal irregularidad de alojar a niños pequeños en un inmueble con ratas y cucarachas.

La responsabilidad del Ejecutivo provincial sobre este caso

Repreguntado sobre la falta de coordinación del Estado provincial, respecto de los hogares y centros que deberían estar inhabilitados, Molina dijo: “En la parte que puedo responder, en el caso de los niños institucionalizados, se creó el registro y hoy, en línea, sabemos dónde están, cuántos y cuál es su situación”.

“Entiendo que, en este caso, está englobada en la cuestión de la Violencia de Género. Pero todo lo que tiene que ver con los niños, es de nuestra competencia”, comentó Molina, quien añadió que es el Ejecutivo provincial el que debe responder por las violaciones observadas en este caso que involucra a la Secretaria de la Mujer y la Juventud, Giselle Dobidenko y a la Ministra de Desarrollo Social, Benilda Dammer.