POSADAS. Para el abogado Claudio Katiz, el problema de la inseguridad en la provincia se resolvería rápidamente si el Ministerio de Gobierno emitiera una orden clara para respaldar el trabajo de los policías y si el Superior Tribunal de Justicia dejase de emitir directivas a los juzgados de primera instancia para que no haya detenciones, por la superpoblación carcelaria y el hacinamiento de presos en comisarías.

“Si frente a un hecho delictivo, el policía tiene que pensar en las consecuencias (de intervenir) entonces estamos muy mal. Los derechos son de los delincuentes y no de los ciudadanos”, alertó el abogado, para quien este problema “viene enganchado con el poder judicial donde desde la superioridad emanan órdenes para que en lo posible traten de contemplar la situación social”.

“Entonces los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”, agregó Katiz, en diálogo con MisionesCuatro este miércoles.

Para el abogado, parte del problema de la inseguridad radica en la superioridad de la Justicia. Katiz planteó que es posible que “desde el STJ emanan directivas para que traten de liberar o no detener detenidos porque las comisarías y las cárceles están superpobladas”. Pero “la miseria no es carta blanca para salir a robar, hay millones de pobres que salen a ganar el peso dignamente cada día”, apuntó.

“No hacen falta más leyes, sino cumplirse las que están vigentes”, añadió el abogado.

Consultado sobre el “garantismo”, Katiz replicó: “Todos los abogados tenemos que ser garantistas. Pero el ‘garantismo’ es la garantía de un juicio justo, del cumplimiento de los derechos y garantías que emanan de la Constitución nacional y provincial”, precisó.

No obstante, “la política empezó hace varios años, con la doctrina (del ex juez de la Corte Suprema Eugenio) Zaffaroni, a plantear que los derechos son para los delincuentes y no para los ciudadanos que pagan impuestos”, acusó.

También apuntó al poder político y su manejo de la fuerza policial

Asimismo, Katiz apuntó al poder político y su manejo de las fuerzas de seguridad como parte del problema de la inseguridad. “Si hay una orden desde el poder político, en 30 días se nota el cambio. Con una directiva que emane (del Ministro de Gobierno) a los subordinados. Que diga, hagan cumplir la ley, que van a tener el amparo, cambia totalmente. Si se trabaja desde el poder político, esto se resuelve rápidamente”, subrayó.

En cambio, “cuando desde la superioridad de la Justicia, el STJ emite directivas para que traten de no tener detenidas a las personas porque hay superpoblación (carcelaria o en comisarías) se toleran los abusos de esta gente (los maleantes) que se cree con derechos. Y que están avalados por el poder político”, acusó Katiz, apuntando a los casos de los piqueteros y los usurpadores de tierras, junto a quienes delinquen.

De acuerdo con Katiz, “con una buena directiva” se resolvería el problema de los delitos. “Pero si usurpan chacras y no pasa nada. Y por otro lado emanan directivas de la superioridad del poder judicial, para que no haya desalojos compulsivos. Es un problema político”, cuestionó Katiz.

Sobre el final, el abogado consideró que “no está todo perdido”. Y que “hay que trabajar y saber elegir a los gobernantes”.