El negocio del hambre

Los reclamos se repiten; las protestas se multiplican; la necesidad aumenta, pero en el ministerio de Desarrollo Social de Misiones nadie da respuestas.

“Hace meses no se entregan las mercaderías a los merenderos”, denuncia nuevamente una dirigente social en medio de una protesta en las puertas del ministerio.

En ese mismo instante, la mujer agrega en tono de queja: “hace meses que tampoco nos depositan los fondos de las tarjetas de ayuda social”.

Esta es la realidad de la cartera que comanda Benilda Dammer y su familia. ¿Qué ocurre con los recursos? ¿Por qué no llegan a los más necesitados?

A causa de estos notorios retrasos en la entrega de la asistencia social, HDP (Horas de Periodismo) comenzó una investigación periodística sobre el destino de la mercadería y los fondos del Estado. 

Misiones Cuatro pudo obtener fuertes indicios acerca de la existencia de varios “galpones” de acopio paralelos donde se deposita de manera extraoficial una gran cantidad de mercadería correspondiente a las compras oficiales realizadas por la cartera social.

Según las denuncias realizadas a Misiones Cuatro por dirigentes sociales, el desvío de los recursos públicos es una práctica bastante común en ese ámbito.

Es en este contexto, que HDP pudo acceder a una denuncia contundente realizada por punteros barriales que tienen una fuerte sospecha de que las máximas autoridades del ministerio habrían montado un mecanismo “paralelo” al oficial para el manejo de estos recursos y probablemente también para beneficio personal.

Las fuentes consultadas indicaron que hay “acopio” de mercadería (leche y otros alimentos no perecederos) en varios lugares de Posadas, pero que además existiría un depósito, que sería propiedad de la ministra de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, Benilda Dammer, ubicado en la intersección de las calles Tamareu y Bermúdez de Posadas, en el que se guardarían alimentos de manera irregular.

Las pruebas fotográficas obtenidas por HDP son contundentes. Son indicadores de que existiría un procedimiento “irregular” a través del cual se desviarían las mercaderías a la propiedad de la familia ministerial con el aparente fin de venderlas posteriormente en negocios de esta ciudad a menor precio y quedarse con esa ganancia.

De acuerdo a lo consultado, el solo hecho de “acopiar” mercadería fuera de un espacio “oficial” ya está implicando un incumplimiento en los deberes y obligaciones de un funcionario público y la supuesta venta posterior ya implicaría la comisión de un delito penal. 

Actualmente, Desarrollo Social es el organismo con el mayor presupuesto en la estructura del estado, por lo que se podría estar frente a un desvío millonario de fondos que debería llegar a los más vulnerables.

Los datos fueron brindados por los propios referentes sociales “desencantados” con el manejo oficial y que además conocen a fondo la metodología instrumentada para la asistencia social.

También fueron algunos empleados del mismo ministerio y hasta los mismos vecinos del galpón de acopio los que aportaron los datos claves para corroborar la información.

Las imágenes muestran el lugar repleto de productos adquiridos a distribuidores locales (proveedores del Estado), quienes, en lugar de entregarlos en los lugares habilitados oficialmente para su guardado y posterior entrega, descargan los alimentos en lo que sería la propiedad de la ministra, a sabiendas que podrían estar incurriendo en la complicidad de un delito tipificado en el código penal y repudiable desde el punto de vista ético.

Hay fotografías y videos del lugar repleto de mercadería, comprobantes de entrega de alimentos de los proveedores y hasta se puede apreciar banners de campaña de la propia ministra.

Pero, además existen fotografías que dan cuenta de una especie de “contabilidad” informal en un cuaderno con los números que hace presumir sería el resultado de la venta de la misma mercadería.

“La venta de mercaderías es una práctica que se transmite de gestión en gestión“, deslizó una empleada de planta permanente que se desempeña en el segundo piso del edificio del centro cívico.

Según pudo investigar Misiones Cuatro, las mercaderías que se observan serían adquiridas por licitación pública para atender a personas afectadas por el hambre en Posadas y otras localidades de la provincia.

En las imágenes se puede observar pallets repletos de productos de primera necesidad cómo leche en polvo de primeras marcas, azúcar, harina, arroz, polenta, aceite, puré de tomates, chocolate, dulces, mermeladas, legumbres, fideos e inclusive productos de limpieza.

Todo indica que esos recursos escondidos en paupérrimas condiciones de salubridad, están por fuera del sistema oficial, pero son adquiridos con fondos públicos.

¿Complicidad familiar?

De acuerdo a la información recabada, el inmueble contiguo al depósito clandestino (por calle Tamaeu), sería propiedad de la hermana de la ministra, Romilda “Romi” Dammer, quién allí viviría junto a su hija Belén Anyer y la pareja de ésta Facundo Ramos.

Madre, hija y yerno, al parecer, todos acomodados en la unidad superior del Ministerio como mano derecha de la ministra. En ese inmueble también se acopiarían más mercaderías del estado, según relatan los vecinos.

“Es constante el movimiento de una combi blanca sin patente, que realiza el traslado de artículos“, relató una vecina del barrio. “Durante gran parte del día y la noche se puede ver al utilitario estacionado frente al lugar“, agregó.

De acuerdo a las averiguaciones, de la logística “paralela” también participaría la otra hermana de Benilda, Liliana “Lila” Dammer, conocida en los barrios de Posadas por el “delivery” de módulos alimentarios a discreción y a cambio de favores políticos. 

Según empleados del ministerio que observan indignados las maniobras de los Dammer desde su ingreso al poder, hace un año y medio, el encargado de “colocar” la mercadería sustraída al estado sería el hijo de Liliana Dammer y el director general de las Cocinas Centralizadas, Cristian Pereira, quién además de manejar los víveres para el menú diario, en las cocinas, se ocupa de el “romaneo” que significa la entrega suelta a organizaciones sociales, algunas de ellas inexistentes.

Modus operandi: El mecanismo del desvío

Tras consultar varias fuentes se podría suponer que el mecanismo de desvío de los recursos está bien aceitado.

Primero los distribuidores y a veces otras personas realizarían el acopio en el galpón mencionado y luego desde ese depósito de la ministra se distribuiría hacia los centros comerciales donde serían vendidos.

El traslado de la mercadería se realizaría en utilitarios contratados por el mismo ministerio para realizar el reparto de las ollas de la cocina centralizada a los comedores.

Los vehículos constantemente retiran los pallets y los trasladan hasta autoservicios y despensas alejados del centro de Posadas donde los venderían a precios irrisorios.

Pero eso no es todo, las pruebas fotográficas a las que accedió HDP incluso muestran a vehículos oficiales de los municipios del interior que concurren a ese domicilio para retirar “paquetes” extraoficiales.

Es sabido que en reiteradas ocasiones se realizaron denuncias de la existencia de marcas que son exclusivas de los módulos de Desarrollo Social en las góndolas de los barrios, esta sería la manera en la que llegan a las mismas.

Es más, en febrero del año pasado, el diputado renovador Roque Gervasoni ya alertaba sobre la venta descontrolada de mercadería adquirida por Desarrollo Social en los almacenes de barrios y hablaba de “corrupción interna del estado”, y agregaba que sabía de la existencia de “encargados de depósitos que liberan la mercadería de una camioneta”.

Toda la información obtenida y los testimonios recabados hace suponer que la ministra Benilda Dammer es la cabeza de la maniobra y sus familiares directos e indirectos, los ejecutores del mecanismo de desvío de los recursos del estado, casi una maniobra delictiva que afecta las arcas del Estado, pero que además deja sin alimentos a las familias más necesitadas.