Según Amarilla, la situación se remonta al año pasado cuando, tras lograr una recomposición salarial con la promesa de una reunión en noviembre, las autoridades postergaron el encuentro hasta después de las elecciones. En diciembre, las nuevas autoridades habrían expresado que la derrota electoral fue atribuida a la participación del grupo en la movilización, generando un clima de descontento.

“Agotamos las instancias de poder tener una comunicación o reunión con el gobierno”, afirmó Amarilla, destacando que la mesa de diálogo se mantuvo apolítica, pero la presencia de funcionarios políticos en la movilización genera desconfianza.

El vocero también señaló que las autoridades policiales tomaron medidas drásticas contra los manifestantes, iniciando actuaciones administrativas con solicitudes de exoneración y traslados. “La única solución es que nos vamos a plantar acá y hasta que no tengamos una amnistía firmada para proteger el trabajo de cada activo, no nos vamos a mover de acá”, declaró.

El llamado a una audiencia con el Gobierno fue ignorado, y la tensión llevó a más de 60 traslados y pases a disponibilidad por parte de la Jefatura de Policía. Amarilla advirtió que el acuartelamiento podría estar cerca, ya que el grupo siente que están perdiendo la paciencia ante la falta de respuesta.

“Estamos abiertos al diálogo, pero de acá no nos vamos a mover”, concluyó Amarilla, resaltando la determinación del grupo en persistir en la protesta hasta lograr una solución a sus demandas.