Se trata del juicio que el Juez de Faltas de la ciudad, Francisco Sá, le inició hace un par de años al estado comunal por lo que consideró una incorrecta liquidación de sus haberes.
Sá argumentó que el artículo 152 de la Carta Orgánica municipal marca que “Los Jueces percibirán el equivalente al ochenta por ciento (80%) de la remuneración que percibe el Intendente, y sus respectivos Secretarios el setenta y cinco (75%) de lo que percibe el Juez”.
Sin embargo, desde el gobierno comunal de Carlos Fernández dijeron que era una cuestión de interpretación, a favor de que el artículo no estaba reglamentado por ordenanza y, siendo una norma programática, no se podía precisar si se estaba cumpliendo con el enunciado o no.
Ahora los contribuyentes obereños deberán pagar el error del municipio.
