[vc_row][vc_column][vc_column_text]El referente de Comsumis, Rolando Coco Gutiérrez, explicó que las medidas de ejecución son la última instancia de una serie de pasos previos, entre los que se destacan las convocatorias del Eprac al usuario moroso. “Lo que pasa es que si los convocan, aparecerían las quejas por el servicio y se arma la batahola. El que incumple es el Eprac”, puntualizó Gutiérrez, apuntando sus dardos contra el titular del Ente, José “Pepe” Guccione.[/vc_column_text][vc_column_text]POSADAS. El titular de Consumis, Rolando “Coco” Gutiérrez, volvió a cargar contra el Eprac (Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas), que conduce José “Pepe” Guccione, al señalar que el organismo no cumple con lo que dispone la normativa vigente, por lo que la empresa Samsa no puede ejecutar deudas. Gutierrez remarcó que el corte en el servicio y la ejecución son los últimos pasos de un proceso en el que primero, el Eprac debe convocar a las partes en conflicto. “Lo que pasa es que si los convocan, aparecerían las quejas por el servicio y se viene la batahola”, puntualizó Gutiérrez, insistiendo en que el Eprac está incumpliendo la ley.
“Quien menos cumple con sus funciones es el Eprac, no Samsa. El Eprac tiene que hacer cumplir el convenio con el Estado misionero. Hay una inhabilidad de los títulos que presenta Samsa en los cobros, estos deben reunir ciertos requisitos, que están enumerados en los artículos 49 y 50, de la Ley 3391, de marco regulatorio del servicio de agua y cloacas”, detalló el ex candidato a concejal de Posadas y dirigente de Unión Popular.
“El artículo 49 cita expresamente los puntos previos a la emisión del título que sirve a Samsa para el cobro judicial de la deuda. Debe intimiar fehacientemente cada dos meses por Carta Documento, que debe ser recibida y firmada por el usuario”, puntualizó el referente de Consumis. Por otra parte, “el Eprac, autoriza a Samsa, violando el principio que dice que una resolución de un ente descentralizado no puede modificar una ley, a cortar el servicio. El Eprac reforma una ley y por resolución interna autoriza a cortar el servicio por falta de pago, cuando sólo deberían restringir el servicio”, denunció Gutiérrez.
“Pero la inhabilidad viene otro tema”, comentó el referente de Consumis, que puso de relieve que el Eprac no está cumpliendo con una de sus obligaciones establecidas por ley. En los artículos 82, 83, 84 y 85 en toda controversia entre prestadores y usuarios, serán sometidas previamente al Eprac. Esto quiere decir que cuando se debe un dinero, Samsa debe informar al Eprac y el ente debe disparar un expediente y convocar a las partes. Debe llamar al usuario para ver por qué no paga a Samsa. Pero llegan a llamar y se arma la batahola por las quejas por el servicio”, soltó con ironía, poniendo de relieve que el Eprac no favorece una instancia de negociación entre usuarios y empresa, para no hacer frente a los reclamos por el servicio, en muchos casos, deficiente, sobre todo en las cloacas.
Asimismo, según Gutiérrez, el Eprac tampoco cumple con otra de sus obligaciones: la de enviar a trabajadores sociales para hacer un informe socioambiental y determinar si el usuario puede o no pagar por el servicio de Samsa. El Eprac tendría que hacer todo ese trabajo previo, para por último, dictar una resolución de corte de agua potable. Pero como es un servicio público que se paga de antemano”, el Eprac debería “llamar al usuario para armar un convenio y subsidiar al que no puede pagar”. “Previo a judicializarse, se deben cumplir todos estos pasos”, bramó Gutiérrez, denunciando que no hay seguridad jurídica cuando la justicia falla en favor de Samsa, con la anuencia del Eprac.
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