La situación de escolaridad de los niños, niñas y adolescentes a raíz de la pandemia del Covid-19 sigue siendo un tema preocupante. El estado edilicio de los establecimientos, los protocolos y el plan de bimodalidad desarrollado durante este año continúan generando incertidumbre, principalmente en los padres, quienes además desean saber si se estima un pronto regreso a la presencialidad plena de todos los estudiantes de la provincia.

Ante este panorama, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) Ariel “Pepe” Pianesi presentó un pedido de informes para que los organismos competentes respondan una serie de interrogantes respecto a esta cuestión.

En el proyecto ingresado a la Cámara de Representantes, solicitó información sobre la cantidad de escuelas que volvieron a la presencialidad y las que no pudieron hacerlo por problemas de infraestructura; como también, si alguno de los establecimientos pudo volver a la presencialidad de forma plena.

En referencia a la educación bimodal, el legislador requirió se informe sobre la cantidad de horas que los estudiantes asisten por semana a la escuela y su continuidad en el tiempo. Mientras que pidió conocer si se llevaron adelante trabajos en lo referido a la modificación de los protocolos para el retorno total a las aulas.

“Las escuelas cerradas y la virtualidad incrementaron las desigualdades sociales, afectaron la salud integral de niños, niñas y adolescentes y dejaron en el camino un número invisibilizado de estudiantes, en un contexto donde la pobreza infantil alcanza a 6 de cada 10 menores y 3 de ellos sufre necesidades alimentarias”, explicó Pianesi al fundamentar la iniciativa.

Asimismo, recordó que, según los informes de UNICEF, UNESCO y la SAP, los niños no son responsables de la propagación del virus y tampoco se muestran incrementos significativos de tasas de contagio cuando la reapertura de escuelas se realiza de manera cuidada.

“Las conclusiones preliminares sugieren que la educación presenta tasas de transmisión secundaria de Covid-19 más bajas en comparación con otros entornos, y que no ha contribuido significativamente a los riesgos de transmisión a la comunidad en general. La virtualidad por períodos prolongados en población infantil y adolescente tiene efectos negativos en el progreso educativo de los estudiantes, resulta inaplicable con los más pequeños y población con necesidades educativas especiales”, remarcó el legislador, quien adujo que en este contexto se estiman pérdidas de aprendizaje de hasta el 55%.

En ese sentido, manifestó: “Consideramos importante contar con datos e información certera para avanzar en decisiones que garanticen el derecho constitucional a la educación (art.14 de la Constitución Nacional; art. 2 Ley de Educación Nacional; y tratados internacionales) de todos los niños, niñas y adolescentes en todas las escuelas y en todos los niveles de enseñanza”.