POSADAS. A escasos meses de tomarle juramento, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) apartó a la jueza de Familia de Eldorado, Corina Jones, del caso “Antonella”, luego de que se nacionalizara su escandalosa actuación en el caso de la niña de 4 años arrancada de la guarda de la familia que la crió desde los dos meses de vida hasta este jueves, cuando varios uniformados de Eldorado la secuestraron violentamente, para entregarla a una pareja de policías de Posadas.

Según trascendió en horas de la tarde, la cuestionada Jones había pedido licencia para no enfrentar el escarnio público por su cuestionable decisión de separar a la niña de sus padres adoptivos, luego de más de 3 años y medio de crianza. Pero alrededor de las 15, medios ligados al oficialismo renovador detallaron que el STJ convocó de urgencia a Jones. Decidieron apartarla de la causa. Y nombrar en su lugar a Lorena Toledo, otra jueza de la misma circunscripción judicial.

En medio del escándalo nacional y con abogados, funcionarios y representantes de ONG, condenando la actuación de la jueza Jones y de la policía de Eldorado, se espera que la doctora Toledo empiece a definir medidas tendientes a restituir a Antonella a la familia que tenía una guarda provisoria, que la crió desde bebé y que ya había iniciado trámites de adopción definitiva. De hecho, la pareja despojada por Jones, se encadenó frente al juzgado de familia nro. 1.

Apartamiento del cargo en medio del escándalo nacional

Previo a tomar licencia –y ahora, dejar su cargo-, esta mañana, Jones defendió su accionar en el marco del expediente, sin mencionar en ningún momento, el daño que le produce a la pequeña de 4 años. Culpó a los policías por el violentísimo procedimiento en el que un uniformado secuestró a la niña para ingresarla en el juzgado. Y aseguró que la familia que crió a la pequeña estaba en conocimiento de que se iba a producir el brutal desarraigo.

La joven jueza, para muchos carente de la experiencia necesaria para desempeñar semejante cargo, opinó que la niña estaba “apta” para el proceso de adopción, basándose en los informes de dos psicólogas. Asimismo, Jones evitó confirmar que los adoptantes a quienes les otorgó la guarda, son una pareja igualitaria de oficiales de la policía de Posadas.

Por lo pronto, la niña evidentemente traumatizada, estaría con estas uniformadas posadeñas. Aunque es posible que la presión social fuerce a la jueza Toledo, a rectificar el accionar de Jones.

El caso pone de relieve también, el accionar de los trabajadores sociales y psicólogos involucrados en la causa. Y en el procedimiento policial. Todavía no se conocen muchos detalles del expediente porque Jones les impuso un bozal legal a los padres de la familia de guarda. Y a sus abogados