POSADAS. Tras aprobar el cuarto informe sobre las prisiones preventivas 2023 de la provincia de Misiones, el titular de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Eduardo Scherer, confirmó a MisionesCuatro que el 34% de las 722 personas que están privadas de su libertad sin condena firme, están en detenidas desde hace más de dos años, el plazo “razonable” desde el punto de vista legal, para este tipo de detenciones provisorias, a la espera de un juicio oral.

Respecto del informes sobre las personas privadas de la libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial, que está disponible en el portal de la Comisión (www.cppt.misiones.gov.ar), Scherer subrayó que “son datos precisos y objetivos, de cuál es la situación de las personas privadas de su libertad en el SPP y en las comisarías”.

Según el funcionario renovador, con estos informes, la CPPT busca “tener una evaluación de la situación de los privados de su libertad sin condena en la provincia. En el SPP son 722 personas privadas de su libertad con prisión preventiva de un total de 1.700 que es la población total”, precisó.

Al explicar la situación de los detenidos sin condena firme en Misiones, Scherer recordó que la prisión preventiva “es una cautelar que disponen los magistrados, de carácter excepcional, mientras se tramita una investigación”.

Más de 700 detenidos sin condena firme, de los cuales 249 llevan más de 2 años privados de su libertad

De acuerdo con Scherer, “se ha incrementado la cantidad de personas privadas de su libertad con prisión preventiva en el SPP”. Y de los 722 detenidos “un 66% se encuentra en un plazo de razonabilidad de 2 años, que es lo que establece la ley 23.390 y el Pacto de San José de Costa Rica. Mientras que un 34% que exceden esos plazos de razonabilidad”, planteó el funcionario.

Según consta en el informe que Scherer menciona, de las 249 personas privadas de su libertad sin condena firme, 168 llevan entre 2 y 4 años detenidas. Mientras que otras 58 llevan entre 4 y 6 años encarceladas con prisión preventiva. Por último, 23 personas están presas sin condena y a la espera de un juicio imparcial, desde hace más de 6 años.

Para el funcionario renovador, este atraso en la realización de juicios que permitan condenar o absolver a los imputados que ya están privados de su libertad, se debe a la pandemia del coronavirus –y no al funcionamiento de los tribunales penales misioneros. “Si uno observa ese informe se puede dar cuenta de que se produjo un incremento por cuestiones relacionadas a la pandemia del Covid. Donde la mayoría de los expedientes se encuentran tramitando en los juzgados penales esperando fecha de debate. Los juzgados de instrucción culminan con la investigación envían los expedientes a los tribunales penales que deben fijar fecha de debate. Y se produce ese cuello de botella por la pandemia donde se ralentizó si se quiere la producción de debates”, opinó Scherer sobre el atraso en la concreción de los juicios.

Consultado al respecto, Scherer admitió que tener a personas privadas de su libertad durante tanto tiempo sin condena firme, constituye un problema para el Estado misionero, que está violando derechos constitucionales. “El gran problema es que cuando tenés a una persona privada de su libertad por mucho tiempo y lo tenés que sobreseer o se determina que no tiene responsabilidad en los hechos (imputados) como ya pasó en la provincia, con personas detenidas por 11 y 14 años, Cecilia Rojas y Cristina Vázquez, que fueron absueltas por la Corte Suprema. Estuvieron 9 años a la espera de debate, los respectivos juicios, el fallo (inconstitucional) del Superior (Tribunal de Justicia) y la absolución de la Corte. Todo eso es lo que tratamos de evitar”, afirmó Scherer.

El caso de las personas ilegalmente condenadas por el crimen de Ersélide Dávalos

Sobre este tema, sorprendió que Scherer trajera a colación lo sucedido con la ilegal condena contra Vázquez y Rojas por el crimen de Ersélide Dávalos, que terminó con la sospechosa muerte de Vázquez –cuando ya había recuperado su libertad y estaba en condiciones de demandar al Estado misionero. Vale recordar que para la pareja de Vázquez, Rocío Barberán, su esposa no cometió suicidio.  “Una persona con proyectos de vida, que peleó durante 11 años para recuperar la libertad, no se va a suicidar. Mi esposa no se suicidó”, declaró Barberán el 29 de octubre del 2020.

En ese sentido, Scherer admitió que todas las personas que estuvieron privadas de su libertad sin juicio ni condena, que demuestren que son inocentes, estarán en condiciones de demandar al Estado provincial –algo que Vázquez no llegó a concretar. “El Pacto de San José de Costa Rica (de rango constitucional desde 1994) establece la posibilidad de solicitar las indemnizaciones pertinentes. Hay juicios contra el estado por esta situación”, reveló el funcionario.

Por último, Scherer habló de los detenidos con preventiva en comisarías de la provincia. En esas entidades, “los datos fluctúan mucho, el lunes había 820 detenidos de los cuales 75 eran contraventores, 450 con prisión preventiva y 350 esperando la declaración de la preventiva”, detalló el funcionario.

Informe de las Personas Detenidas con Prisión Preventiva en Misiones by José Mauricio Martínez on Scribd