Como lo adelantaron el viernes, poco después de que el fallo trascendiera y aún con la notificación pendiente, el planteo del gobierno provincial será la supuesta falta de competencia de la jueza Marta Beatriz Aucar para expedirse sobre una legislación de alcance nacional y, por ende, pedirá que sea el fuero federal al que se deriven las actuaciones que comenzaron en el Juzgado Civil y Comercial N° 19 de Resistencia.

Para ello, se aguarda que el primer paso sea la apelación a la sentencia para que lo defina una de las cuatro cámaras que tiene la estructura judicial (se deberá sortear el expediente) y, en paralelo le pedirá a la jueza que se inhiba por entender que el asunto debe resolverse en estrados federales, o bien, recurrirá directamente al Juzgado Federal en turno para que sea el titular quien le pida a la magistrada que decline de continuar actuando en este proceso.

Sucede que la jueza Aucar actuó durante toda la feria, pero desde este lunes comenzó su licencia y quien subrogue el cargo, recibirá el expediente en el que le solicitarán el apartamiento de la causa, o bien, la ratificación de lo establecido en primera instancia o la decisión de la Cámara de Apelaciones de dejar sin efecto la cautelar en cuestión. Otro será el circuito y naturalmente más extenso que recorra el recurso de amparo en el que deberá definirse.

Si la ley aprobada a fines del 2020 en el Congreso no es contraria a los preceptos constitucionales, para ello y con un escenario de posiciones profundamente antagónicas y con diferencias que parecen insalvables desde lo jurídico y hasta lo científico (el punto que separa a quienes apoyan o rechazan la interrupción del embarazo es definir cuándo comienza la vida) se descuenta que actuará la Corte Suprema de Justicia.