ASUNCIÓN, PARAGUAY. La crisis política en Paraguay, desatada por la firma de un acuerdo energético secreto con Brasil, se profundizó este jueves con la renuncia del quinto funcionario de primer nivel, el anuncio de la oposición de un pedido de juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez y el inicio formal de una investigación en la Justicia.
El principal partido de oposición, el Liberal, se reunió con las fuerzas que no pertenecen al gobierno y, tras el encuentro, anunció a la prensa que hoy iniciará el trámite formal para abrir un juicio político en el Congreso contra el presidente y su vice, Hugo Velázquez, pese a que Abdo Benítez ya canceló el acuerdo bilateral.
El presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, ya había prometido que no tomaría ninguna decisión en solitario y, tras hablarlo con el resto de la oposición, anunció también que mañana presentará una demanda penal contra todos los funcionarios y ex funcionarios involucrados en el acuerdo fallido.
Además, convocó a nuevas movilizaciones en las calles para el próximo viernes, según la agencia de noticias EFE.
Para Alegre, el pedido de juicio político, al que la semana pasada ya se había sumado el izquierdista Frente Guasú, ganó más fuerza luego de que la prensa informara que José Rodríguez González, un asesor legal de Velázquez, presionó para excluir del acuerdo bilateral un punto que permitía a la empresa estatal eléctrica paraguaya vender energía a empresas brasileñas a través de la hidroeléctrica binacional Itaipú.
Las versiones periodísticas sobre Rodríguez González causaron tal repudio que la madre del asesor, María Epifania González, renunció hoy a su cargo como titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y se convirtió en en el sexto funcionario en salir del gobierno por la crisis que desató el acuerdo secreto con Brasil.
Hace una semana y solo después de la renuncia de Pedro Ferreira como presidente de la empresa Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el gobierno de Abdo Benítez anunció que había firmado un acuerdo de energía con Brasil a fines de mayo pasado.
El acuerdo de la hidroeléctrica Itaipú que comparten Brasil y Paraguay establece que existen dos precios para la energía producida: la llamada energía segura -es decir, un umbral mínimo de producción garantizada- que hoy cuesta 40 dólares por megavatio y la excedente -la que supera el umbral cuando se produce de más- que cuesta seis dólares.
En los últimos años, el consumo energético creció en Paraguay y ANDE comenzó a comprar más energía, lo que elevó la tarifa para el público en general.
El acuerdo que Abdo Benítez negoció en secreto con el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro establecía que Paraguay debe comprar más energía segura y menos excedentes, lo que según calcularon expertos en la prensa paraguaya supondría un aumento de los costos de 250 millones de dólares para ANDE.
La publicación de este acuerdo desató una crisis política inmediata para el gobierno paraguayo, que en apenas unos días sufrió no solo las renuncias de la cúpula de ANDE, sino también de la dirección en Itaipú, el embajador en Brasil, Hugo Saguier y hasta el propio canciller, Luis Castiglioni.
Para la oposición, el gobierno hizo concesiones “inéditas” a Brasil sobre una cuestión que debía renegociar en 2023, el año que vence el anexo que establece actualmente la distribución de la energía entre los dos países.
Abdo tomó juramento al nuevo canciller y pidió transparentar el escándalo
En las últimas horas, Abdo Benítez tomó juramento al sucesor de Castiglioni, su número dos hasta ahora, Antonio Rivas Palacios, e informó que ordenó a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) “transparentar y esclarecer” el escándalo que desató el acuerdo con Brasil.
Tras reunirse con el mandatario, el titular de la Senac, René Fernández, y el asesor de Transparencia e Integridad de Presidencia, Carlos Arregui, aseguraron a la prensa que Abdo Benítez les dio “carta blanca” para investigar “todo lo que sea necesario”.
Pero esta no será la única investigación que buscará asignar responsabilidades.
El Ministerio Público anunció hoy que ya conformó al equipo de fiscales que liderará la investigación nacida de la denuncia por lesión de confianza y traición a la patria que presentó el abogado en caracter personal contra los funcionarios que renunciaron en los últimos días.
Fuente: Télam
