El Gobierno brasileño se propuso reducir a mínimos el tamaño del Estado y Jair Bolsonaro espera acabar su mandato el 1 de enero de 2023 con tan solo un centenar de activos públicos, de los 695 en los que tenía participación directa o indirecta, a comienzos de 2019.

Según los datos de la secretaría de Privatizaciones y Desinversiones, en 2019, Brasil se deshizo de 71 activos, con los que recaudó 105.400 millones de reales (unos 25.707,3 millones de dólares), un 25 % más de los previsto inicialmente.

Para 2020, el Gobierno se propuso una meta aún más “ambiciosa” e intentará recaudar 36.000 millones de dólares, equivalentes al 1,7 % del PIB, con la venta de activos, entre los que figuran un gran número de subsidiarias de la eléctrica estatal Eletrobras y la Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social (Dataprev), entre otras.

“Es un plan muy ambicioso. El primer año (de Gobierno) es de aprendizaje, estuvimos centrados en la reforma de las pensiones, lo que nos consumió mucha energía, pero ahora nuestro foco está puesto en las privatizaciones y hay un trabajo muy grande que todavía tiene que ser hecho”, declaró el secretario de Privatizaciones, Salim Mattar, en una entrevista con EFE.

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