La causa, con la acusación de “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, había sido iniciada por una denuncia de la extitular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso y ahora fue desestimada.
En la resolución, Lijo indicó que en este caso “se ha demostrado que la cesión que interesó a la entonces Presidente de la Nación fue realizada por el Administrador Federal en el marco de sus atribuciones y sin generar un perjuicio patrimonial ni funcional al Estado Nacional”.
El juez consideró necesario tener en cuenta “que la AFIP cedió el uso a una Universidad” y que “no solo el inmueble mejoró ediliciamente de manera notoria, sino que, además, brinda un servicio esencial como es la educación, cuyo acceso tiene raigambre constitucional y convencional (art. 14 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional)”.
Asimismo, determinó que la Administración Federal de Ingresos Públicos -de la cual depende la Aduana- “se encontraba facultada para realizar dicho acto y que el mismo no generó un perjuicio económico para las arcas del Estado”.
Por tal motivo, dispuso los sobreseimientos de la expresidenta Cristina Kirchner, Ricardo Echegaray, Aníbal Fernández, el exgobernador de Misiones, Maurice Closs, Alfredo Juan Erich Poenitz y Olga Mirta Martínez, según la resolución.
Los hechos
La denuncia la presentó en el año 2018 Laura Alonso, en nombre de la Oficina Anticorrupción, a raíz de un convenio que suscribieron el exgobernador, Maurice Closs, el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y el rector del Instituto de Estudios Superiores “Hernando Arias de Saavedra”, Alfredo Poenitz, por el cual se cedió por 99 años el inmueble donde funcionaba la Oficina de Secuestro y Ventas de la Aduana en Posadas.
Ese acuerdo se concretó durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. “Se corroboró que la Administrador Federal se encontraba facultada para realizar dicho acto y que el mismo no generó un perjuicio económico para las arcas del Estado”, destaca el juez Lijo en su fallo.
