BUENOS AIRES. Con el apoyo de la senadora “misionerista” Magdalena Solari Quintana y otros aliados en el Senado, el Frente de Todos consiguió este jueves la media sanción del proyecto de ley para reformar la composición del Consejo de la Magistratura, llevándolo de los 13 miembros actuales a 17.

Según publicó Parlamentario, la cuestión pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde las chances aparecen complicadas, dada la mayoría absoluta -de 129 diputados- que se requiere para sancionar la norma.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo con modificaciones negociadas con el senador rionegrino Alberto Weretilneck, cosechó este jueves en el recinto 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención.

Los aliados de siempre que votaron con el kirchnerismo en el Senado

Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Solari Quintana (Misiones), habituales aliados del kirchnerismo en el Senado, se sumaron al bloque oficialista que tuvo asistencia perfecta, y así se lograron los 37 votos para aprobar el texto.

En rechazo de que la Corte Suprema quede fuera del Consejo, el interbloque Juntos por el Cambio votó negativamente, al igual que la monobloquista Alejandra Vigo (Córdoba Federal).

Los únicos ausentes fueron Martín Lousteau, diagnosticado con Covid este jueves por la mañana. Y la riojana Clara Vega, que dio su discurso pero no estuvo en la votación.

La semana pasada la sesión para tratar el tema se cayó, producto del rechazo de Weretilneck a votar la iniciativa del Ejecutivo tal cual había sido enviada. Así, el Frente de Todos tuvo que dar marcha atrás y convocó nuevamente a un plenario de comisiones para formalizar las modificaciones que se le iban a introducir al dictamen, basadas principalmente en darle un carácter más federal al Consejo.

En diciembre pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional la composición del Consejo establecida por la ley votada en 2006, que redujo los integrantes de 20 a 13, y de la que fue impulsora como senadora nacional la actual Vicepresidente Cristina Kirchner. Es que la ley de la Magistratura impulsada por Cristina y sancionada en 2006, no sólo redujo la cantidad de consejeros, dándole más peso al arco político del organismo destinado a designar y remover jueces, además, le dio poder de veto al oficialismo de turno.

La declaración de inconstitucionalidad

Por ello, el máximo tribunal argumentó que esa norma no respeta el equilibrio de los distintos estamentos que conforman el órgano encargado de administrar el Poder Judicial, y seleccionar y remover jueces.

Además, la Corte fijó un tiempo de 120 días para que el Congreso sancione una nueva ley, caso contrario, el Consejo deberá volver a su composición original, con el presidente de la Corte presidiendo el organismo, en línea con la propuesta que planteaba Juntos por el Cambio.

Ese plazo vence el próximo miércoles 15 de abril, en la antesala del arranque de Semana Santa, lo que complica aún más el trámite en la Cámara baja, que tendría así tres días para tratar el tema, pero los números muestran que no será nada fácil.

De acuerdo al proyecto, el Consejo de la Magistratura estaría integrado por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.

A propuesta de los pedidos de Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.

También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.

El debate en el recinto

Según La Nación, el debate giró en torno a la presencia o no del presidente de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura, de donde fue desterrado en 2006.

Esa ley declarada inconstitucional en diciembre último por la Corte, que fijó un plazo para que el Congreso dicte una nueva norma. De no hacerlo, el Consejo deberá volver a su vieja integración de 20 miembros. El proyecto aprobado por el Senado tiene muy pocas posibilidades de convertirse ley en la Cámara baja.

El fallo irritó a la Vicepresidente que ordenó avanzar con el proyecto del Poder Ejecutivo, que establece un Consejo de 17 miembros, con mayor participación de los estamentos de abogados, jueces y académicos, pero que mantiene a la Corte fuera del organismo. El enojo de Cristina se transformó en el recinto en el desfile de senadores kirchneristas con un objetivo fijo y claro: acusar a la Corte Suprema de Justicia de actuar con fines políticos.