A un día de que el presidente Alberto Fernández informara que acatará el fallo de la Corte y le pagará con bonos a la Ciudad de Buenos Aires y que el Gobierno porteño rechazara dicho pago en esa modalidad, Gabriel Astarloa, el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, denunció este martes penalmente al presidente por el delito de desobediencia del fallo de la Corte que dictada la semana pasada. La denuncia se suma a otras similares radicadas por legisladores de la oposición.

La denuncia alcanza a quienes forman parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior que fueron notificados de la resolución judicial de la Corte Suprema.

Entre lo argumentos, el Procurador explicó que los recursos de la coparticipación “son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”.

Desde el jueves pasado, el gobierno nacional debía depositar a favor del gobierno porteño el 2,95% de la coparticipación federal. En tanto, desde septiembre de 2020 la administración de Alberto Fernández gira diariamente el 1,4% de dichos fondos.