[vc_row][vc_column][vc_column_text]MisionesCuatro consultó a Miguel Molina, Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes sobre el proyecto de baja de imputabilidad.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”219888″ img_size=”full” alignment=”center” title=”Imagen ilustrativa”][vc_column_text]POSADAS. En nuestro país, la legislación establece en 16 años la edad mínima para que los adolescentes puedan ser acusados penalmente por un delito.

Un nuevo régimen penal juvenil que el Gobierno Nacional busca enviar al Congreso para las sesiones extraordinarias de febrero, propone que la edad mínima baje un año.

MisionesCuatro consultó la opinión de Miguel Molina, Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes sobre el proyecto de baja de imputabilidad. “Son pocos los adolecentes en conflicto con la Ley Penal” y en la mayoría de los casos “no son delitos graves, son contra la propiedad”, aseguró.

El Funcionario se mostró contra el proyecto nacional, pero admitió que hace falta una Ley Penal Juvenil porque “la existente es del tiempo de la Dictadura Militar” y “no garantiza igualdad ante la ley y un juicio justo”.

Molina insistió en que “no se puede castigar con cárcel y privación de libertad a adolescentes y niños”. Como contrapropuesta sugirió modelos similares a los de Uruguay donde existen regímenes intermedios de responsabilidad social de los niños. “Tienen sanciones pero no privación de la libertad que agrava el problema, menos de cárcel”, manifestó.

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