Política

Investigan a constructoras por la cartelización de la obra pública

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La ex-Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) impulsó en los últimos 16 meses, una investigación administrativa contra las principales constructoras de la Argentina por su cartelización en perjuicio de las arcas públicas. El proceso podría concluir con la aplicación de multas multimillonarias contra las empresas involucradas.

Investigan a constructoras por la cartelización de la obra pública
La Comisión de Defensa de la Competencia lleva adelante desde hace 16 meses un expediente sobre las principales empresas. Foto: La Nación

La investigación por presuntas “conductas anticompetitivas” apunta contra las firmas que integran el “club de la obra pública” en la órbita nacional, algunos de los máximos ejecutivos se protegieron al régimen del “arrepentido” en la investigación que comenzó con los cuadernos de Oscar Centeno, el exchofer del Ministerio de Planificación Federal.

El “expediente” -como lo llaman en la CNDC- comenzó en septiembre de 2018, siete semanas después de que estallara el escándalo por los cuadernos de la corrupción. Quedó registrado bajo el número 45873451/18, luego de una “solicitud de intervención” que remitió la Secretaría de Comercio, que por ley es la autoridad de aplicación de la ley de defensa de la competencia.

La investigación quedó a cargo de la directora nacional de Conductas Anticompetitivas, Silvia Mariel Babnik, está en la fase probatoria, esto incluye citar testigos, recolectar evidencias y documentación respaldatoria, y disponer los primeros traslados a las empresas.

Arrepentido

Uno de los primeros y más importantes “arrepentidos” en la causa de los cuadernos fue el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Enrique Wagner, dueño de la constructora Esuco, quien confesó ante el juez federal Claudio Bonadio cómo las constructoras se repartieron los contratos y pagaron sobornos por entre el 10 y el 20 por ciento del valor de cada proyecto.

Wagner declaró que el “club de la obra pública” definía qué empresas debían presentarse en cada licitación, cuál debía ganar, cuál presentaría la segunda mejor oferta y “acompañaría” la licitación para que pareciera competitiva, cuál sería subcontratada y que las restantes debían esperar hasta la siguiente licitación.

“Todos sabían que yo era el amigo de De Vido”, confesó Wagner. “En 2004, el arquitecto me citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente debía garantizar en forma personal el éxito acorde con los intereses del gobierno en las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos. Porque la obra pública, me dijo, iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos”.

Además, Wagner detalló que los empresarios solían reunirse en la sede de la Cámara de Empresas Viales -conocida en el ambiente como la “Camarita”-, para repartirse obras y millones, e involucró a Vial Agro, Perales Aguiar, Biancalani, Losi, Fontana Nicastro, Marcalba, Iecsa, Chediak, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco. 

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