BUENOS AIRES. En las últimas semanas dos fallos de la Corte sobre las elecciones en Tucumán y San Juan generaron un cimbronazo en la política argentina. La imposibilidad de los gobernadores Juan Manzur y Sergio Uñac de presentarse a elecciones abrió una puerta a que se hagan presentaciones similares en otras provincias.
Con los amparos avalados por la Corte Suprema, era esperable que se presentaran acciones legales contra la postulación del gobernador Gildo Insfrán, quien gobierna Formosa desde hace 28 años.
Según publicó TN, este domingo el mandatario formoseño confirmó que irá por un nuevo mandato junto a su actual vicegobernador Ebers Solís. La decisión se tomó en el congreso del partido en Formosa, en el que también se confeccionó la lista definitiva de los 15 diputados provinciales del PJ-Frente de Todos.
En caso de ser reelecto, Insfrán comenzará su octavo mandato consecutivo, lo que representa un récord de permanencia en el poder en un cargo electivo en el país.
Así pues, este lunes, los integrantes de Juntos por el Cambio en la provincia presentaron una nueva impugnación a la candidatura gobernador “vitalicio” de Formosa, que logró una Constitución provincial hecha a la medida de la reelección indefinida.
“Abuso de poder y autoritarismo al que está sometido la mayoría del pueblo formoseño”
“Este claro abuso de poder y autoritarismo al que está sometida la mayoría del pueblo formoseño requiere que la Justicia se pronuncie en defensa de nuestra ley Suprema que es la Constitución Nacional”, señalaron a través de un comunicado.
En la presentación, los dirigentes señalaron que “el artículo 132 de la Constitución Provincial va en contraposición de lo establecido por el art. 1 y art. 5 de la Constitución Nacional que hablan del sistema republicano y la periodicidad de los cargos públicos. Ante esta necesidad de mantener intacto el sistema democrático lo más conveniente es mantener la alternancia en los cargos electorales”, sostuvieron.
Cabe recordar que la semana pasada, habían presentado una imputación similar, pero la candidatura de Insfrán todavía no era oficial. “Establecer un límite a la reelección no atenta contra ninguna persona o candidato, sino que establece que no exista la perpetuidad en el poder. Estamos comprometidos a garantizar nuestro sistema republicano y que Formosa deje de manejarse como la isla de Insfrán y pase a regirse por la Constitución Nacional de la República Argentina”, argumentaron.
“La perpetuidad del poder resquebraja el sistema democrático, Insfrán tiene la suma del poder público”
Al respecto, la diputada provincial y candidata a intendenta de Formosa, Gabriela Neme, manifestó a TN que “de ninguna manera establecer la alternancia o un límite a la cantidad de períodos de un gobernante atenta contra su derecho político de ser candidato ni puede entenderse como proscripción. Solamente se limita la posibilidad de que perpetúe eternamente en el poder”, planteó.
Y agregó: “El problema con la perpetuidad del poder y la falta de alternancia es que se resquebraja el sistema democrático. Insfrán tiene la suma del poder público, no hay independencia de poderes. Yo fui detenida hace dos años y en más de una vez se me obstaculiza la participación en la Cámara de diputados”, argumentó Neme.
Ahora, la alianza opositora espera que el tribunal formoseño se expida en los próximos días. “Una vez resuelta la impugnación, vamos a presentarnos ante la Corte Suprema junto a Enrique Ramírez, del PRO. Allí vamos a presentar la acción declarativa de certeza y la inconstitucionalidad de la nueva candidatura de Insfrán. Vamos a solicitar la medida cautelar de impedimento para la nueva presentación del gobernador a elecciones”, sentenció Neme.
La opinión del Procurador General de la Nación
Por otra parte, es preciso recordar que la semana pasada, el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que no es un caso de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidir sobre si es constitucional o no la reelección indefinida de Gildo Insfrán en Formosa, y que primero debe agotarse la discusión en la justicia local.
No obstante, Casal dejó una puerta abierta para una intervención de la Corte Suprema, que no tiene plazos para hacerlo. Para el Procurador General, como los que presentaron la demanda alegaron que está en juego el sistema republicano de gobierno contemplado en la Constitución y “toda vez que la Corte es el intérprete máximo y final de sus propios pronunciamientos”, entonces el máximo tribunal “podría decidir la intervención procesal que considere pertinente”.
