Declarar a Misiones Pro-Vida sería jurídicamente ‘insostenible’, advierten

Especialistas adelantaron qué pasaría si Misiones es declarada “pro-vida” y también se aprueba a nivel nacional el aborto legal.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Especialistas adelantaron qué pasaría si Misiones es declarada “pro-vida” y también se aprueba a nivel nacional el aborto legal.[/vc_column_text][vc_single_image image=”185241″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]POSADAS. El diputado provincial del Frente Renovador, Oscar Alarcón, presentó un proyecto de ley para que Misiones sea declarada “Provincia Pro-vida”. La iniciativa tiene estado parlamentario, lo tratará la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura Provincial, y el legislador está esperanzado en que será votado. El espíritu del proyecto es oponerse a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley de IVE) que ya tiene dictamen en Diputados y que en agosto será discutido en el Senado de la Nación.

Se consultó con especialistas de Derecho qué pasaría si Misiones es declarada “pro-vida” y también se aprueba a nivel nacional el aborto legal. En este sentido, Eduardo Barcesat -abogado constitucionalista y defensor de los Derechos Humanos- afirmó que el proyecto “podría encuadrar en violación de los deberes de un funcionario público, es decir, una sanción penal. Cuando se propicia un texto que va claramente contra el que ya colectó media sanción en la Cámara de Diputados y que tendrá su debate en el mes de agosto”.

Al respecto Barcesat explicó que “el orden jurídico tiene una estructura jerárquica que es la conjunción en este caso el artículo 31 y el 75 que habla de los tratados internacionales de Derechos Humanos que configuran la Ley Suprema de la Nación”. Agregó que si una Legislatura Provincial avanzara en este sentido con un proyecto como este “no solamente sería inconstitucional -el grado más alto de una nulidad de un acto jurídico- sino que se podría y debería propiciar la persecución penal de quienes lo hayan presentado y avalado, al haberlo hecho a sabiendas de ser un tema instalado en la agenda, sería un delito doloso”.

Por otro lado, la abogada Marcela Rodríguez, al ser consultada por Clarín aseguró que “ante una Ley Nacional del Congreso que tiene sólidos argumentos constitucionales y del derecho internacional no tiene ninguna validez una ley provincial. Es una noción básica de la pirámide normativa”.

El mismo medio inquirió a Natalia Gherardi del Equipo Latinoamericano de Derecho y Género donde manifestó que “es una iniciativa jurídicamente insostenible. Implicaría reformar legislación nacional que las provincias no pueden modificar, y contradice los estándares internacionales de derechos humanos”. Además, aseguró que “Si se aprueba, su constitucionalidad será cuestionada judicialmente”.[/vc_column_text][vc_column_text]